Bogotá. El espacio cívico en Venezuela enfrenta graves desafíos que van desde la judicialización de la protesta hasta el encarcelamiento y las ejecuciones de civiles a manos de agentes de seguridad del Estado, según recoge el último informe de la organización de defensa de derechos humanos Provea, que por 25 años ha documentado las violaciones de derechos humanos en el país.
Para el coordinador de Provea, Oscar Murillo, hay tres aspectos que se han profundizado en Venezuela, en especial en estos 10 años de mandato de Nicolás Maduro: la pobreza, la impunidad y la sistemática violación de derechos humanos. EL TIEMPO conversó con Murillo, quien además destacó la lamentable cifra de 10.085 asesinatos de venezolanos en esta década, a manos de policías y en contexto de incursiones en zonas populares.
Datos alarmantes
Una gran conclusión de este informe es que sin sociedad civil organizada, los Gobiernos tendrían el campo libre para seguir violando los derechos humanos con impunidad y sin consecuencias.
“En este caso podemos verificar que el Gobierno de Nicolás Maduro en sus 10 años de gestión ha violado los derechos humanos y justamente una de las características, además del empobrecimiento de la población, tiene que ver con la impunidad”, explicó Murillo.
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Según el análisis del cordinador de Provea, el Gobierno venezolano ha tratado de construir una narrativa propagandística de que todo estaba mejorando y esto con el apoyo cómplice de países de la región y otros aliados, sin embargo, con el informe sustentado en cifras, señalan que esa simulación ha terminado y Venezuela tiene una población más empobrecida y altos niveles de impunidad y el ejemplo más claro son esas más de 10.000 personas que han fallecido a manos de agente del Estado.
De esa totalidad de homicidios solamente un 9%, reconocido por el Ministerio Público, es que ha tenido algún grado de investigación.
Durante los últimos 10 años, el Venezuela experimentó una intensa represión, destacando los años 2014 y 2017 como períodos de represión masiva. Se han registrado miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles e inhumanos.
En estos años, surgió la preocupación por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, se han implementado políticas de seguridad ciudadana que, desde su diseño, violan claramente los estándares de derechos humanos.
“En 2019 documentamos esta serie de violaciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) donde precisamente los más afectados fueron jóvenes de zonas populares. Vimos una cantidad importante de asesinatos”, agregó Murillo.
Pobreza y asesinatos
Existe una correlación evidente que se refleja en las cifras. En estos últimos 10 años, se han registrado cifras históricamente altas y sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Se ha observado una caída significativa en el salario básico, un aumento exponencial de la pobreza y una marcada disminución en el Índice de Desarrollo Humano. Todo esto señala un modelo que ha profundizado el sistema autoritario, resultando en un segundo nivel de exclusión social.
Se ha observado que a mayor pobreza, mayor impunidad, lo que se traduce en una mayor discrecionalidad en el uso y empleo de la fuerza pública.
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Ante una consulta del El Tiempo sobre si esta situación era una herencia de Hugo Chávez, Murillo aseguró que el exmandatario fallecido en el 2013 llegó a referirse a los informes de Provea “como una pieza de memoria”.
“Es importante destacar que la pobreza no comenzó en el tiempo de Maduro, pero sí se ha profundizado durante su mandato”, acotó.
El coordinador de Provea manifestó que es difícil predecir cuál será el siguiente paso para silenciar la disidencia y las voces críticas en Venezuela, especialmente en un año electoral tan complejo.
“Le pedimos y solicitamos a los países, de América Latina, de Europa, Estados Unidos, que hay que seguir monitoreando el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Lo hemos dicho claramente y hoy día lo confirmamos con nuestro informe, que junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos”, concluyó.
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