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Seguridad y exclusión

 Enrique Castillo

  Vida social y derecho

 ILANUD, UCR, EJC

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A principios de los años 90, Costa Rica registraba 4 homicidios por cada 100.000 habitantes; ahora registra 8 por cada 100.000 habitantes. Datos como estos justifican que exista una preocupación por la inseguridad ciudadana. ¿Por qué aumentan el número y la violencia de los delitos? Para obtener una respuesta es importante leer el libro Vida social y derecho , escrito por el jurista y criminólogo Enrique Castillo Barrantes. exministro de Justicia y catedrático de la Universidad de Costa Rica.

El libro reúne artículos escritos durante los últimos cuarenta años por Castillo sobre temas como axiología jurídica, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal penal, derecho internacional de los derechos humanos, cooperación penal internacional, delincuencia organizada, derecho penitenciario y criminología.

Los temas criminológicos conforman la parte más extensa del libro. Se abordan las diversas escuelas criminológicas y la evolución de la criminología en Hispanoamérica. Resaltan en particular los escritos relacionados con el aumento de la criminalidad y sus causas.

Para algunas personas, la delincuencia ha aumentado por la lenidad de las leyes y los tribunales, pero este libro postula otras explicaciones, desarrolladas a partir de los cambios sociales producidos en las últimas décadas en Costa Rica.

La obra incluye los trabajos “El funcionamiento de la administración de justicia penal en Costa Rica” (1980) e “Industrialización, desarrollo y delincuencia violenta. El caso de San José de Costa Rica” (1981). En ambos escritos, Castillo advirtió proféticamente sobre los problemas sociales que traerían los programas de ajuste estructural. Añadió que ciertos cambios podrían llevar a un incremento de la delincuencia debido a la agravación de la desigualdad.

El libro termina con el artículo “Criminalidad y justicia en América Latina” (2003), el de mayor importancia del libro e imprescindible para analizar los actuales problemas de inseguridad ciudadana, sus causas y posibles soluciones.

Tal artículo señala que el crecimiento económico no necesariamente llega a toda la población, sino que puede distribuirse desigualmente. De tal modo, puede ocurrir que se ensanchen las brechas sociales y que no se baje la pobreza.

Castillo indica así que los recortes del gasto social –producidos en las últimas décadas– han perjudicado a los pobres. Agrega no debe seguirse una concepción monocausal que establezca una relación irreductible entre criminalidad y pobreza, pero que tampoco puede desconocerse el papel que desempeña la exclusión social como un factor criminógeno.

El jurista menciona el visible aumento de la exclusión social derivada de los procesos de ajuste estructural. Tal exclusión –sostiene– ha llevado a una desigualdad del ingreso y a la privatización de los servicios públicos. También ha causado la segregación en los servicios hospitalarios, de transporte, educativos y de seguridad. Estos servicios han abandonado el carácter integrador que tenían en el pasado, carácter que reforzaba la solidaridad, la cohesión y la tolerancia.

El libro añade que una política punitiva o represiva padece de grandes limitaciones para prevenir la criminalidad. Preferir tal política equivaldría a la actitud de “un buzo que quisiera vaciar un cubo de agua bajo el mar”.

La conclusión que puede extraerse de lo propuesto por Enrique Castillo es que, si se desea afrontar integralmente el problema de la inseguridad ciudadana, corresponde ejecutar una adecuada política social, conforme con las exigencias de un Estado social de derecho.

[Javier Llobet Rodríguez es catedrático de Derecho de la UCR].