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Los costarricenses ya no están tan orgullosos de una de sus banderas ante el mundo. La democracia y el sistema político perdieron respaldo popular en los últimos seis años.
Los ciudadanos que dicen estar “muy satisfechos” con el sistema político nacional pasaron del 55% al 35% entre el 2006 y el 2012, de acuerdo con encuestas comparables realizadas por la empresa Unimer para este diario.
En este mismo periodo cayó de un 60% a un 38% la cuota de costarricenses que dijeron estar “muy de acuerdo” con una idea aparentemente inofensiva: “apoyar el sistema político nacional”.
Quienes consideran que la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno pasaron del 78% al 57% en el sexenio. A un 12% de los entrevistados le da igual un régimen u otro.
Y falta un dato que parece una consecuencia de los anteriores: se duplicó el porcentaje de quienes verían positivo el establecimiento de un gobierno autoritario; pasó de 11% a 22%.
Este es el paisaje dibujado con las cifras de un estudio basado en 1.200 entrevistados, que también evidenció la impopularidad creciente de las instituciones políticas: solo un 36% de la gente expresó un apoyo alto, frente a un 54% que lo hacía en el 2006.
Estas son las conclusiones de respuestas que se reparten de manera general sin mayor diferencia entre grupos de edad, riqueza, origen geográfico o simpatía partidaria. Solo hay un mayor acento en favor del sistema entre quienes se catalogan “votantes”.
La encuesta se realizó entre el 3 y el 11 de octubre, en el preámbulo de la campaña política rumbo a las elecciones del 2014, en la que varios candidatos proponen cambios al sistema político, con el argumento de mejorar la gobernabilidad.
También la mandataria Laura Chinchilla convocó un grupo de expertos para analizar el funcionamiento del Estado y la manera de mejorar la gobernabilidad.
¿Democracia ineficaz? El mismo estudio aporta elementos para explicar esa caída en el respaldo a la democracia: el 40% de los encuestados cree que no sirve para resolver los problemas del país, un grupo que en el 2006 era solo de 12%.
Aunque la mayoría de la población encuestada dijo “no” a la posibilidad de tener un presidente que irrespete la institucionalidad, sí se redujo esa resistencia.
Disminuyó el rechazo popular a la opción de que el presidente actúe sin tomar en cuenta a los partidos políticos (de un 82% a un 63% en seis años), a que gobierne dejando de lado a la Asamblea Legislativa (del 78% al 63%) o incluso que tome decisiones por encima de ciertas leyes (del 81% al 64%).
En el caso de que un gobernante ignore algunas leyes, favorecen la ida quienes tienen entre 20 y 39 años y quienes votaron por Ottón Solís en el 2010, según la encuesta.
Entre quienes favorecerían un gobierno alejado del resto de partidos políticos sobresalen los de alto nivel socioeconómico, los pobladores de zonas urbanas y, de nuevo, quienes apoyaron a Solís.
La posibilidad de apoyar un régimen autoritario predomina en los habitantes urbanos y personas que votaron por el candidato Ottón Solís en el 2010, según el cruce de datos de la encuesta.
Los que pusieron la democracia por encima de todo son principalmente quienes fueron a la universidad y frecuentes votantes.
