EscucharLo que falta es una firma y un perillazo. La infraestructura para dar inicio a las pruebas de transmisión de televisión digital –el primer paso hacia la transición completa– solo espera un proceso burocrático.
El Viceministerio de Telecomunicaciones atendió una resolución del 15 de enero de la Procuraduría General de la República que determinó que debían cambiar la figura jurídica para hacer las pruebas técnicas. Esta modificación ha atrasado el cronograma de trabajo casi cinco meses.
El órgano consultivo señaló, ante una solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que la figura adecuada para el periodo de pruebas era el “permiso de uso experimental”, pues la que estaba programada (“uso precario”) no ofrecía suficientes garantías jurídicas.
Con este permiso, las operadoras deberán hacer la experimentación necesaria para estar a punto el 15 de diciembre de 2017, fecha para la que está estimada el “apagón analógico”.
Tras la resolución, el Viceministerio debió hacer cambios al Reglamento de Transición a la Televisión Digital. Este proceso de replanteamiento le ha consumido lo que llevamos del año.
Solo eso falta. Ya las televisoras tienen parte de su programación lista para transmitir en digital, los técnicos están capacitados, el equipo está en el país y los televisores esperan en las góndolas. Falta el pistoletazo de salida, que debe darse en conjunto.
Para esto, el Viceministerio hará en junio una ronda final de talleres con televisoras, universidades, cámaras empresariales y otras organizaciones interesadas para afinar el borrador del reglamento.
“Esperamos arrancar en el segundo semestre. Como faltan instancias de consultas y publicación no tengo una fecha exacta, pero puede ser entre agosto y setiembre”, explicó el viceministro de Telecomunicaciones, Rowland Espinoza.
A punto. Las ondas de televisión digital cruzaron por primera vez el país el 19 de marzo de 2012, cuando el Sinart encendió los equipos que tiene instalados en el volcán Irazú y la señal llegó hasta el auditorio de Casa Presidencial.
“Estamos listos desde entonces, pero nada más fue la inauguración que hizo la presidenta y nos ordenaron apagar”, anotó Alex Sánchez, director de Desarrollo Tecnológico de la televisora estatal.
Sánchez ha sido uno de los funcionarios beneficiados con la cooperación japonesa y visitó Tokio en 2011. El año pasado fue el turno del coordinador de transmisión de Sinart. Además, personeros del Micit han recibido programas de capacitación en Brasil.
Mientras tanto, el sector importador también se puso al corte con la televisión digital. Para recibir este tipo de señal hay dos caminos: comprar un televisor nuevo o adquirir un convertidor –cuyo costo oscila entre ¢20.000 y ¢100.000.
La gerente de mercadeo de Grupo Monge, Ileana Guzmán, señaló que cuentan con televisores de tecnología ISDB-bT y con la americana ATSC, pero que actualmente enfocan sus importaciones únicamente a modelos con la tecnología brasileño-japonesa.
Social. El ímpetu tecnológico, afirma la Comisión Mixta de Televisión Digital, debe ir acompañado con una revisión del impacto que puede tener en la sociedad.
Una de las preocupaciones está asociada con el cambio de equipos. ¿Qué pasará con los televisores que los usuarios consideren obsoletos? Datos del Micit señalan que existen poco más de 2 millones de televisores de tecnología CRT en el país, que si bien todos podrán ser utilizados con la compra de un convertidor, el ministerio no descarta una migración masiva de tecnología.
“Se han hecho estudios en la parte cuantitativa. Los usuarios no tienen que desechar el equipo, se puede utilizar un convertidor, pero hay todo un estudio sobre los volúmenes y el manejo”, explicó Espinoza.
Otro tema clave es qué capacidad tendrán los usuarios de adquirir convertidores de calidad.
Para esto, la subcomisión de Solidaridad está revisando propuestas, que incluyen la posibilidad de imitar el proceso estadounidense, donde el Gobierno subvencionó parte de los equipos a usuarios de escasos recursos. De hecho, en 2011 el Ejecutivo estimó que este plan de solidaridad podría ascender a $48 millones.
