Los representantes de editoriales y defensores de la propiedad intelectual les ganaron el pulso a los defensores de las fotocopias: la presidenta de la República, Laura Chinchilla, vetó ayer el plan de ley que pretendía eliminar los castigos penales a la reproducción de libros.
El proyecto, que se había aprobado en junio por unanimidad en el Congreso, no llegó a ser ley de la República ante la negativa de Chinchilla y del ministro de Justicia, Fernando Ferraro.
El plan pretendía eliminar las penas de hasta cinco años de cárcel y multas de cinco a 500 salarios base a quienes reproduzcan libros de texto o compilen antologías.
Sin embargo, Ferraro señaló que el proyecto no es necesario pues la legislación del país no persigue con cárcel a los fotocopiadores de libros.
“Lo cierto es que la legislación contiene penas escalonadas y da margen para que los tribunales impongan multas y no prisión”, explicó Ferraro.
Además, el jerarca advirtió de que la aprobación de la ley habría implicado problemas con la legislación que protege la creación literaria y artística en el país, lo que también iría en detrimento de la imagen internacional y de la garantía a la protección de derechos.