La presidenta Laura Chinchilla anunció su voluntad de retomar el proyecto “Limón ciudad puerto”, una iniciativa de la Administración Arias, consistente en invertir $80 millones para la regeneración urbana de la capital provincial. Es un acto de justicia y el cumplimiento de un compromiso nacional, no exclusivamente del Gobierno. El país está en deuda con Limón, su principal puerto y fuente de grandes riquezas, pero siempre condenado a estar entre los últimos convidados a los beneficios del desarrollo, salvo la satisfacción de bien conocidos intereses sectoriales, compensados en exceso.
La Asamblea Legislativa aprobó el préstamo con el Banco Mundial hace ya un par de años, pero en las calles del puerto no se nota movimiento. El anuncio de retomar el proyecto es, al mismo tiempo, una declaración de buenas intenciones y una aceptación del estancamiento habido hasta ahora.
Las necesidades son patentes, e incluyen la ampliación del alcantarillado sanitario para dar servicio al 95% de los habitantes de la ciudad, la construcción de defensas contra las inundaciones producto de desbordamientos del río Limoncito, la renovación de edificios históricos, la ampliación de la iluminación pública y la mejora del mobiliario urbano.
Hasta la fecha, doce unidades ejecutoras del proyecto no han logrado emprender una sola obra, por la mentalidad burocrática, el desinterés y la falta de liderazgo. La Presidenta parece dispuesta a aportar ese último elemento, el más crucial de cuantos faltan porque, estando el dinero y la estructura burocrática, la firme decisión de la mandataria lleva todas las de ganar frente a la modorra y la despreocupación. Con todo, el caso ilustra otra faceta de la incapacidad ejecutiva del Estado. Están las necesidades, el compromiso, el financiamiento y la organización necesaria, plasmada nada menos que en doce unidades “ejecutoras”, pero la obra brilla por su ausencia.
En este caso, el Gobierno pone en riesgo, ante la comunidad limonense, la credibilidad requerida para sacar adelante los proyectos de modernización portuaria. Desde ese punto de vista, la iniciativa tiene también un claro sentido económico, más allá de promover el turismo y mejorar las condiciones de vida. Los $80 millones de inversión apenas representan el doble de las multas pagadas cada año por los exportadores para indemnizar los atrasos de los barcos que atracan en las actuales instalaciones portuarias del Caribe. En dos años, el mejor manejo del puerto podría retribuir la inversión en el proyecto de recuperación urbana. Aunque así no fuera, sobran razones para cumplir la promesa. Entre ellas, simple y llanamente, la justicia.
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