EscucharDesde que tengo memoria, he estado leyendo en el periódico sobre las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para la inflación del año que viene y sobre el efecto del aumento en el precio del petróleo o de alguna otra importación en explicar por qué las proyecciones del año anterior no se cumplieron. Eventualmente, también empecé a encontrarme con comentarios de economistas que insistían que, en el largo plazo, “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” y que la culpa de la inflación la tenía estrictamente el BCCR.
Mi inocente interés intelectual por la teoría monetaria me ha terminado por convencer de que los altos índices de inflación que ha sufrido Costa Rica desde la década de 1970 son síntoma de graves desórdenes en las finanzas públicas, desórdenes que –deliberadamente o no– le han permitido a algunos de los sectores más pudientes de la sociedad enriquecerse más, a expensas de los sectores más pobres y desprotegidos. Esto ha sido posible porque la mayoría de los costarricenses no entiende la inflación y porque el BCCR ha operado sin transparencia.
Impuesto inflacionario. Por casi cuarenta años, Costa Rica ha tenido inflaciones muy por encima de la media mundial, porque el BCCR ha estado cobrando un elevado impuesto inflacionario, que consiste en pagar sus obligaciones con colones nuevos (que, como ente emisor, puede sencillamente imprimir). Al aumentar la cantidad circulante de colones más rápido que el crecimiento de la economía, el BCCR reduce el poder de compra de cada colón y les quita parte de su haber a quienes mantienen sus reservas en efectivo o tienen ingresos que no están protegidos de la inflación. Estas suelen ser las personas más pobres. El BCCR ha podido cobrar este impuesto sin que medie ningún debate político ni autorización legislativa.
La razón principal por la que el BCCR ha cobrado un impuesto inflacionario tan elevado por tanto tiempo es que, en la década de 1970, las administraciones de turno lo obligaron a prestarle dinero al Gobierno Central, al CNP, a Codesa y a los bancos públicos, préstamos que en muchos casos no se pagaron y que el BCCR asumió como pérdidas. Peor aún, la administración Carazo (1978-1982) aprovechó que el BCCR podía endeudarse en dólares sin autorización legislativa para contraer a su nombre la deuda externa a la que recurrió en su esfuerzo infructuoso e insensato por defender el tipo de cambio fijo de ¢8,60 por dólar. En 1981, la deuda externa del BCCR representaba el 65% del producto interno bruto de Costa Rica.
Lejos de solucionar el problema de esa deuda con transparencia, los siguientes Gobiernos escogieron la ruta de la menor resistencia política y, en vez de amortizar la deuda del BCCR con impuestos aprobados por el Congreso, siguieron recurriendo al impuesto inflacionario.
Nunca se ha explicado claramente a la ciudadanía que la inflación ha sido alta por tantos años porque se les ha estado cobrando, de manera oculta, para pagar por irresponsabilidades previas. En lugar de transparentar la contabilidad, se la hizo impenetrable, al punto que, aunque don Rodrigo Bolaños ha dicho que el BCCR ya ha superado (¡en solo treinta años!) el bache de sus pérdidas y que actualmente tiene un balance patrimonial positivo, en su último informe el Banco reportó pérdidas contables por ¢144.000 millones (un aumento del 236% respecto al año anterior).
Falta de transparencia. Esta falta de transparencia es absolutamente contraria a los principios del buen gobierno. Peor aún, hay fuertes indicios de que ha permitido que sectores políticamente influyentes se beneficien del impuesto inflacionario que el BCCR le cobra a los más pobres. Bernal Jiménez Chavarría (directivo del BCCR) y Jorge Guardia Quirós (expresidente del Banco) han cuestionado públicamente decisiones que han perjudicado los balances del Banco pero beneficiado a financistas privados. En 1998, se le dio a la Bolsa Nacional de Valores (BNV), una institución privada cuyas utilidades van a sus accionistas, el monopolio de la colocación de deuda del BCCR y de la comercialización de sus bonos en el mercado secundario. Esto aumentó los costos para el BCCR pero le dejó jugosas ganancias a la BNV (del orden de US$ 120 millones al año, según don Bernal).
Por otro lado, por años el BCCR pagó intereses por sus deudas en colones mayores a los que pagaban otros bancos, aunque la lógica dicta que puede siempre pagar los intereses más bajos, porque el riesgo de que el BCCR deje de honrar sus obligaciones en colones (que puede sencillamente imprimir) es nulo. Tal vez lo peor de todo es que se le haya permitido a los bancos privados no entregar al BCCR el porcentaje correspondiente de sus depósitos (el “encaje legal”) cuando esos depósitos quedaran a nombre de un offshore (o sea, de una sociedad constituida bajo las leyes de otro país). Esto no solo atenta contra los balances del BCCR, sino que pareciera violar los artículos 116 y 156 de su ley orgánica.
En todos estos casos, el BCCR ha premiado al sector financiero privado a expensas de los costarricenses más pobres que pagan el impuesto inflacionario. En respuesta a las críticas de don Bernal y don Jorge, el actual presidente del BCCR, don Rodrigo Bolaños, se ha indignado, pero no ha rebatido sus argumentos e incluso se ha dejado decir que hay que tener en cuenta que “los banqueros son un grupo poderoso políticamente' que gozan de fuertes respaldos en otros sectores importantes que son clientes de los bancos”. A esto hay que agregar que la ley actual le permite al Banco Central emplear a funcionarios que antes han laborado para instituciones financieras privadas, algo que muchos países restringen, por razones evidentes. El propio don Rodrigo fue gerente de la BNV y directivo del Banco Interfin (hoy Scotiabank).
Otro gran motivo de suspicacia es que el BCCR, aún cuando dice permitir la flotación cambiaria, adquiere, para sí mismo y como intermediario del “sector público no financiero”, cerca de la mitad de los dólares que se transan en el Monex, sin claridad en cómo decide cuándo y por cuál monto se hacen esas transacciones.
Esto representa otra gran falta de transparencia en las finanzas públicas y una fuente de incertidumbre para la economía.
Creo que lo que he resumido aquí es gravísimo, potencialmente más grave que lo que los medios de comunicación han ventilado hasta ahora como escándalos. Por áridas y aburridas que le resulten a la mayoría de las personas las discusiones sobre el índice de precios al consumidor, los encajes, las pérdidas contables, etc., este es un asunto fundamental para quienes se preocupan por la transparencia, la justicia y el imperio de la ley en Costa Rica, consideraciones que parecieran no habernos desvelado durante los últimos cuarenta años.
