Fishman busca que “la Sala Constitucional anule las normas de contratación administrativa que facilitan la cesión de contratos de concesión, como la que hizo Autopistas del Valle en favor de sus subsidiarias Valle Central S.A. y OAS Central America Investign Limited, para ejecutar el llamado corredor San José-San Ramón, sobre la autopista General Cañas”.
Según la acción interpuesta por el legislador esa cesión de contrato cuestionada violenta el artículo 182 de la Constitución Política.
Ese artículo dice textualmente que “los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.
En su argumento Fishman concluye solicitando a la Sala IV que se declaren contrarios a la Constitución algunos artículos de la Ley de Contratación Administrativa, del Reglamento de Contratación del Decreto Ejecutivo N° 33411 y otros de la Ley General de Concesiones y su reglamento, pues desde su criterio son contrarios al artículo en cuestión.
La acción se encuentra en estudio de admisibilidad.