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Naciones Unidas. EFE. Naciones Unidas abrió el martes el camino a una profunda transformación de las políticas sobre drogas, pero evidenció las diferencias cada vez mayores que hay entre los países que apuestan por la descriminalización y los que insisten en la mano dura.
Reunidos por primera vez en casi dos décadas para tratar la cuestión, los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptaron un nuevo marco, que pretende situar a las personas en el centro de las estrategias contra las drogas.
Se trata de un documento de mínimos, que, aunque tiene en cuenta las nuevas realidades que se dan en buena parte del mundo, tampoco hace mucho por cambiar los enfoques más tradicionales que persisten.
Al fin y al cabo, el texto es un consenso entre países como Uruguay, que han decidido legalizar la marihuana, y otros como Indonesia, que aplican la pena de muerte en delitos de drogas.
Pero, más allá del documento oficial, la cumbre que arrancó el martes simboliza para muchos el principio del fin de la llamada guerra a las drogas.
Ese enfoque, que en 1998 estuvo en el centro de la última reunión de este tipo que celebró la ONU, ha sido declarado ya fallido por buena parte de la comunidad internacional, encabezada por Latinoamérica y Europa.
Otra estrategia. “El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas que se inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo en el mundo”, planteó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
México, uno de los países más afectados por el narcotráfico, defendió la necesidad de un “nuevo enfoque”, que sitúe los derechos humanos y la salud en el centro.
“Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención y una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello”, dijo Peña Nieto, quien además aprovechó su paso por la ONU para abrir la puerta a una pronta legalización de la marihuana con fines médicos en su país.
México es, junto con Guatemala y Colombia, el gran impulsor de esta sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas.
El mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, defendió la importancia de dar un giro a las políticas sobre drogas para priorizar la reducción de la demanda, en lugar de centrarse únicamente en recortar la oferta.
“Las políticas de drogas deben ser consistentes con la Declaración Universal de Derechos Humanos y poner a las personas, y no las sustancias, en el centro”, manifestó Morales.
Criterio dividido Frente a esos vientos de cambio, que ya son realidad en un buen número de países, otros como Rusia y China insisten en mantener el rumbo.
“Cualquier forma de legalización de los narcóticos debe ser rechazada firmemente”, sostuvo el martes el representante chino, Guo Shengkun.
La división se hizo aún más evidente después de la aprobación del texto pactado por los Estados miembros, cuando varios Gobiernos europeos y latinoamericanos tomaron la palabra para lamentar que el documento no incluyera ninguna crítica a la pena de muerte en delitos de drogas.
“No hay evidencia alguna de que (el castigo capital) tenga un efecto disuasorio ante el crimen”, manifestó la segunda vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón.
Añadió: “ Si realmente queremos reducir las consecuencias adversas, es imprescindible tratar temas que no se mencionan en el documento, como la reducción del daño, la proporcionalidad de las penas y la no aplicación de la pena de muerte” .
Indonesia, uno de los países más criticados por sus habituales ejecuciones por drogas, defendió que cada Estado tiene el derecho a decidir sobre su propio sistema de justicia.
El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, reconoció que el consenso internacional está todavía “lejos”, como lo demuestra esa discusión.
Pese a que su país es uno de los que defiende cambios ambiciosos, Gaviria subrayó como importantes los avances pactados en la ONU y recordó que el documento aprobado es un punto de partida.
Los Gobiernos, algunos representados por sus presidentes, continuarán sus intervenciones el miércoles y el jueves en Naciones Unidas, donde se desarrollan además un sinfín de actos paralelos organizados por Estados miembros y la sociedad civil.
