“La gobernabilidad democrática está en directa relación con el concepto de legitimidad democrática”. Esta atinada afirmación del Informe de los Notables (pag. 11), debe ser –y lo es para los Notables– el punto de partida para comprender el principal problema que enfrenta el país. Un problema que en nuestra opinión supera los efectos negativos del modelo económico, la estructura del estado, la normativa legal o del déficit fiscal.
Efectivamente, nuestros gobernantes carecen de legitimidad. Eso les hace débiles para tomar y ejecutar decisiones. Por ello su gestión se limita a administrar lo existente; no a hacer la transformaciones que exige el desarrollo las cuales inevitablemente afectan grupos de interés y solo se pueden realizar por quién tenga legitimidad. Pero, además, administran mal.
A partir de estas realidades procedería encontrar las causas –de la falta de legitimidad y de la deficiente gestión administrativa– y eliminarlas o al menos mitigarlas.
Los Notables hacen una serie de recomendaciones, algunas de ellas de suma importancia, para mejorar la toma de decisiones y otras para mejorar la administración. Las propuestas presumen que la raíz de los problemas se encuentra en normas legales vinculadas a la organización del Estado.
No debe sorprendernos ese punto de partida. En la cultura política, periodística y aun intelectual del país ha prevalecido la idea de que todo –solucionar problemas o modernizar– requiere siempre de reformas legales. Por ello ha sido tan fácil para los presidentes culpar siempre a la Asamblea Legislativa: cuando se propaga la especie de que para todo se requiere una ley o un inciso legal, lo malo que ocurra y lo bueno que deje de ocurrir sería culpa del órgano encargado de hacer leyes e incisos.
No hay duda de que el Reglamento Legislativo debe modificarse como condición necesaria para destruir la lentitud en la toma de decisiones legales. Debe agotarse hasta el último cartucho para derrotar las prácticas obstruccionistas de quienes respetan las mayorías solo cuando éstas les permiten en una Asamblea partidaria y en las elecciones nacionales llegar a ser diputados.
Ética y política. Pero la reforma al Reglamento, y los otros importantes cambios legales que sugieren los Notables, poco arreglarán si los estándares éticos dentro de la política no cambian radicalmente.
El origen de la falta de legitimidad de la política, la ingobernabilidad, la lentitud y la mala gestión administrativa, no son las leyes ni la organización del Estado, sino la pobreza ética de muchos gobernantes y políticos. En democracia los abusos y la corrupción obligan a la prensa libre, a la sociedad civil y a la oposición a cuestionar, hurgar, atacar, etc, y como casi siempre aparecen atentados contra la ética, el hurgador es –dichosamente– estimulado a cuestionar cada nueva decisión. Por otra parte, la burocracia honesta entra en temor y no ejecuta con eficiencia, mientras que la corrupta se aprovecha de la pérdida de autoridad de los de arriba para imitar sus desmanes. Además, parte de la corrupción es ofrecer puestos en campaña sin considerar capacidad gerencial o técnica. Así, las decisiones políticas y la gestión administrativa termina toda “platineándose” en un mar de lentitud, descoordinación, encarecimiento e ineficacia, en fin, de ingobernabilidad.
Estas circunstancias, omnipresentes en Costa Rica, hacen que la legitimidad de los gobernantes se venga a pique y que la legitimidad del hurgador se acreciente. Pero esa legitimidad del hurgador se acrecienta en tanto hurgador; no en tanto tomador de decisiones, solucionador de problemas y menos de estadista, porque no fueron esas la virtudes que le confirieron legitimidad. El resultado es entonces un vacío estructural de legitimidad en lo tocante a las difíciles decisiones políticas que hoy demanda nuestro desarrollo.
En ese mundo se pueden hacer mil reformas legales y reglamentarias, y aunque sean excelentes como algunas propuestas de los Notables, nada cambiará.
Por ello, la corrupción y el cinismo –de expresidentes, políticos de manada, mandos medios y empleados rasos– debe, sin contemplaciones ni consideraciones de ningún tipo, exterminarse. Debe tratársele como causa directa de la ingobernabilidad y no como alguna alambicada consecuencia del sistema legal o de la organización del Estado. Los Notables, a pesar de afirmar que “una democracia moderna y robusta requiere de la confianza de la ciudadanía ...” (pág. 36), no hacen propuestas sobre las normas éticas concretas que deben regir la función pública para que la ciudadanía tenga confianza en los gobernantes y para que estos tengan legitimidad.
Así, una vez más, los que intentan proponer grandes cambios son fagocitados por la cultura de los incisos legales en relación con todo otro tema, pero se salen por la tangente con las usuales imprecisiones cuando se trata de la corrupción y la ética en la función pública.
En el marco de buenas intenciones de los Notables, sí sorprende que hayan propuesto incrementar el número de diputados y otorgar nuevas herramientas a la Asamblea Legislativa para hacer politiquería. Sobre todo porque dentro de los Notables hay exdiputados los cuales saben que el trabajo legislativo serio se recarga siempre en unos pocos. Entonces, ¿para qué más?
Por otra parte, crear espacios para que la Asamblea interfiera en el nombramiento de ministros o para fortalecer las consecuencias de la censura, es crear mayores espacios para la politiquería, el obstruccionismo y los chantajes que algunos llaman negociación.
Si el objetivo era mejorar la eficiencia de la Asamblea Legislativa, esta y otras propuestas para someter a criterios políticos los períodos de vigencia de los nombramientos, es como intentar apagar un fuego echándole gasolina.
La campaña se avecina. Ojalá, sin ignorar el esfuerzo de los Notables, los/las aspirantes a la presidencia y las diputaciones nos digan, de una manera concreta, qué van a hacer y, sobre todo, qué han hecho, para combatir la corrupción.