A estas alturas del Gobierno, llama la atención el número y calidad de las propuestas de reforma institucional y económica anunciadas, todas ellas con la mejor intención de llevarlas a cabo en esta administración o en la próxima. No se trata, al parecer, de iniciativas para salir del paso, sino de una real preocupación, pues, tras tantos años de tanteos y de bla bla bla, nuestros gobiernos no se han animado a meterles el diente a los problemas de fondo.
Estas propuestas no aseguran, por supuesto, su realización. Bien sabemos cuál es nuestro sentido del tiempo y cómo lo desaprovechamos. Los problemas nacionales, sin embargo, han llegado ya a tal punto que no cabe el vacilón. Diversos comentarios y estudios han puesto de manifiesto, en estos años, dada la situación interna y mundial, que el tiempo se nos está acabando. La acumulación de desafíos de toda índole, en un mundo desbordado por calamidades tan complejas, nos indica que las soluciones están primero en nuestras manos.
Si el Gobierno no ha rehuido los problemas y, más bien, se ha adentrado en los más espinosos, sabedor de su costo político, he aquí una buena noticia. Pero esta no es suficiente. Se requiere una labor ardua para echar a andar y abrir brecha. Esta tarea comprende una intensa campaña de concienciación no para resolver todos los problemas, sino para atacar los más intrincados y ofrecer algunos resultados concretos, capaces de estimular e inspirar.
Cito algunos extraídos de la larga lista expuesta por el Gobierno: primero, consolidación fiscal, anunciada por el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, basada en un proceso de diálogo, en dos etapas, para garantizar la solvencia del Estado, más allá de un gobierno particular. El actual proceso electoral presenta una gran oportunidad para una labor de consenso, según el criterio de este funcionario expuesto el domingo pasado. Segundo, establecimiento, este mes, de estrictos controles a los salarios, una de las causas principales del déficit fiscal. Tercero, obligación de marcar tarjeta a todos los empleados de la CCSS (45.000 en total) a fin de fiscalizar el cumplimiento laboral. Cuarto, dar mantenimiento a la trocha iniciada y preparar el terreno para retomar el trabajo total antes de setiembre. Quinto, desarrollo de la Gran Área Metropolitana, suspendido hace 30 años. Sexto, intensificar la contención de la inseguridad ciudadana, como viene ocurriendo desde el 2010. Sétimo, apresurar los proyectos de ley urgentes: reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa (de toda urgencia), ley de investigaciones médicas, fideicomiso para infraestructura, planes de generación eléctrica e impulso a la geotermia'
Estos son solo unos ejemplos.