El 35% de los agentes de ventas autorizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para colocar planes de su Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), mantiene deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ocho de los 23 vendedores le deben a la Caja un total de ¢2.934.000 por cargas sociales pendientes.
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La mayoría de agentes laboran fuera de la entidad. | FOTO CON FIN ILUSTRATIVO. LA FIRMA ANUNCIADA EN RÓTULO NO ESTÁ LIGADA AL CASO. (Jose Cordero)
Según el INVU, estos agentes ganan entre ¢2,5 y ¢37 millones al mes por comisiones producto de la venta de contratos del SAP.
La mayoría de ellos alquila oficinas externas al Instituto, para las cuales subcontratan personal, como secretarias, asistentes y mensajeros; por eso aparecen inscritos como patronos ante la CCSS.
A esa entidad le adeudan montos que van de ¢43.000 a ¢1.902.839, de acuerdo con registros en línea de la Caja que fueron confirmados por la Dirección de Cobros.
Los morosos son Alfonso Matamoros Campos, Rodrigo Montoya Alvarado, Nilleth Mendoza López, María Monge Rojas, Ana Navarro Pereira, Manuel Rojas Peñaranda, Jilma Joseph Haynes y Gina Vincenci Zúñiga.
“Me parece que esto es una pena”, comentó Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU.
La jerarca explicó que la Junta Directiva no hace controles sobre los trabajadores contratados por los agentes y resaltó que la morosidad con la Caja no les impide seguir laborando con el Instituto.
“Precisamente porque no ha habido controles es que estamos en esto. Le aseguro que vamos a crear y monitorear esos controles”, añadió Montero.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agentes del INVU, José Leopoldo Schlager, dijo que estos casos pertenecen al ámbito privado de cada quien.
“(...) Yo no soy quién para decir qué es regular y qué es irregular; no me atrevería dar una opinión al respecto”, comentó Schlager.
Explicaciones. La Nación logró contactar a seis de los ocho agentes que figuran como morosos con la seguridad social.
Matamoros, Montoya y Mendoza conocen sobre las deudas, pero aseguraron que no tienen relación con su ejercicio como agentes.
Rojas, Monge y Navarro dijeron que desconocían la situación con la CCSS, en tanto Vincenzi y Joseph no contestaron las llamadas a sus teléfonos celulares.
Los registros de la Caja colocan a Matamoros con la cifra más alta entre lo adeudado: ¢1.904.839.
Sin embargo, el vendedor sostiene que ese monto no está relacionado con su labor como representante de ventas del Instituto.
“Es un asunto fuera del INVU que nada tiene que ver; es un asunto de un muchacho que me hizo un trabajo en una finca. Estoy en un arreglo de pago”, afirmó.
Matamoros aceptó que tiene una oficina para la venta de contratos del INVU, en la que trabajan su esposa y dos hijos, quienes no están asegurados ni inscritos en planilla, según dijo, porque solo laboran algunas horas y no reciben remuneración “porque están estudiando”.
En el caso de Rodrigo Montoya, detalló: “Yo tengo dos empleados: la señora de la limpieza en mi casa y la secretaria. Se debían tres cuotas, pero se pagó hace como 15 días”, detalló el agente.
Al contrario, Rojas dijo que los datos son incorrectos. “Que yo sepa no tengo ninguna morosidad en la Caja, no sé de dónde salió eso.