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La limitada formación académica y técnica de las personas con discapacidad, entorpece los esfuerzos de abrirles puestos de trabajo.
Así lo aseguran las autoridades del Ministerio de Trabajo y el Servicio Civil, quienes señalan que si bien se ha fortalecido el acceso al empleo por medio de la legislación, el limitado cumplimiento de requisitos evita el aprovechamiento de ese marco jurídico.
La Ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacitada en el Sector Público, numero 8862, requiere que el 5% de empleo público se reserve para esta población, siempre y cuando los candidatos superen las pruebas selectivas y de idoneidad.
Sin embargo, son esas exigencias las que truncan los esfuerzos de ofrecer empleo.
Según el viceministro de Trabajo en el área social, Juan Manuel Cordero, el reto actual tiene más que ver con la educación que con las oportunidades laborales.
“La meta debe ser de educar, sin barreras ni exclusión, para el trabajo”, explicó Cordero.
Para el funcionario, desde la primaria hasta las universidades y la educación técnica deben darse las condiciones oportunas para facilitar la inserción laboral.
Olga Bermúdez, encargada del tema en el Servicio Civil, explicó que muy pocas personas acuden a los concursos y quienes sí lo hacen, rara vez cumplen con los requisitos para los puestos de trabajo.
“En un concurso de 20.000 personas, si acaso llegan 25 con discapacidad. Además, nos topamos con el problema de que hay poca formación”, razonó.
Incluso, el Servicio Civil se ha visto obligado a establecer las reservas para las personas con discapacidad en función de quienes están en la lista de elegibles.
Datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) son consistentes con este señalamiento pues indican que el 19% de las personas con discapacidad no cuentan con ningún nivel educativo y el 40% únicamente completó la primaria.
También revelan que el 67% tiene al menos un año de intentar conseguir trabajo.
Dicho reglamento fue elaborado por una comisión conformada por el Ministerio de Trabajo, el INA, el CNREE y el Ministerio de Educación (MEP), entre otras entidades.
Posteriormente, ese reglamento debe remitirse a la Presidenta de la República para conseguir su ratificación.
La aspiración de reservar el 5% de las plazas públicas para la población con discapacidad se remonta al 2007, cuando se firmó un decreto que nunca se ejecutó.
Según su experiencia, las personas con discapacidad también tienen que luchar contra la falta de voluntad.
En el 2009, Paniagua, quien tiene una limitación visual, acudió al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, que anunció la apertura de 500 plazas.
Aunque resultó elegible en las pruebas de admisibilidad, solo le ofrecieron trabajo
“Si aceptara trabajar bajo esas condiciones, estaría en un estado de vulnerabilidad porque no tendría pólizas ni salario. Por eso yo hice una denuncia ante el Consejo de Rehabilitación”, narró Paniagua.
El director de ese centro médico, Jorge Fonseca, alegó que a Paniagua se le dio la oportunidad de practicar en la central telefónica, pero que no hubo necesidad de llenar una plaza.
Con las recomendaciones del Consejo Nacional de Rehabilitación, dijo Fonseca, el Hospital gestiona la compra de un programa lector de pantalla.
Según el médico, a ella no se le había informado de la medida porque no llamó nuevamente.
“No depende tanto de nosotros. Se abren concursos, pero los hospitales son centros de trabajo técnico. Creo que hay un problema de capacitación”, concluyó.
