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La Contraloría General de la República ordenó al jerarca de Hacienda, Helio Fallas, que los ministerios adquieran sus bienes y servicios en una sola plataforma electrónica a más tardar en junio del 2016.
El mandato incluye la entrega de dos informes este año que muestren los avances en la transición. El primero tiene como fecha de entrega el 30 de junio, mientras que el otro deberá ser remitido el 18 de diciembre.
El objetivo es que todo el Gobierno Central compre sus bienes y servicios en un único mercado electrónico a más tardar a mediados del próximo año y que la integración de las instituciones descentralizadas (como la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) camine a buen paso para esa fecha.
Lo anterior es parte del “Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de transición al Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas”. Un tema que el mismo Helio Fallas revivió la semana pasada, dando un nuevo giro al proceso que se inició en la administración Arias Sánchez.
El documento del ente contralor evaluó la implementación del decreto de Laura Chinchilla, de setiembre del 2013, que seleccionó a Mer-Link - de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (una dependencia del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) - como la plataforma única para hacer las adquisiciones del Estado. Este paso implicaba apagar CompraRed, el sistema digital de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) del Ministerio de Hacienda.
La semana pasada, el ministro Fallas anunció la derogación del decreto de Chinchilla y su sustitución con otro decreto, que recicla Mer-Link, para desarrollar una tercera plataforma: el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Esta será operada por Radiográfica Costarricense (Racsa), una subsidiaria del Grupo ICE.
El plan del Gobierno es empezar a implementar el Sicop antes de concluir este año. La integración de todas las entidades gubernamentales al sistema está prevista hasta diciembre del 2016. Con ello, el cronograma de Hacienda estaría desfasado seis meses respecto al mandato de la Contraloría.
Un paso que el Ministro de Hacienda dio a pesar de que conocía los detalles de la autoría del ente contralor desde diciembre y se le rechazara una solicitud para ajustar el plazo de la tarea la misma semana que anunció la nueva estrategia.
El informe del ente contralor detalló que se valoraron las observaciones del Ministro sobre ese documento, "excepto la ampliación del plazo para el cumplimiento de la disposición" (junio de 2016).
Se buscó una reacción de Fallas al respecto, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta de su oficina de Prensa.
La entrada en vigencia del nuevo decreto para la implementación del Sicop requiere aún de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Desde el 2002, la Contraloría ha señalado la necesidad que el Estado utillice un único sistema electrónico para adquirir bienes y servicios con el objetivo de aprovechar las economías de escala y hacer más transparentes los procesos.
La razón: las compras de bienes y servicios que realiza el Estado ascienden en promedio a ¢3,2 billones anuales. Esa cifra equivale al 15% del Producto Interno Bruto y crece alrededor de un 7% cada año.
Federico Castro, funcionario de la Contraloría que dirigió la auditoria, dijo que desconocen aún el decreto que crea el Sicop y omitió referirse a las implicaciones que tuviera con la investigación.
“Daremos seguimiento al tema y esperaremos la entrega del informe (de Hacienda) en junio para hacer la evaluación”, destacó Castro.
Falta de voluntad. El Gobierno de Luis Guillermo Solís congeló la ejecución del decreto de Chinchilla desde junio del 2014, un mes después de haber asumido funciones.
Para ello, suspendió las pruebas técnicas que harían que la plataforma de Gobierno Digital adquiriera funciones claves para servir a los ministerios. Ya para el primer semestre del 2014, el uso de Mer-Link como mercado único de compras debió estar en una fase avanzada.
En noviembre, La Nación reveló que la presión de meses, protagonizada por mandos medios del Ministerio de Hacienda, acompañó la decisión de frenar el uso de Mer-Link como sistema unificado.
En un reporte de julio del 2014, elaborado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) que opera CompraRed, se exhortó a Helio Fallas a eliminar el decreto de Chinchilla y relanzar CompraRed como el mercado para el Gobierno Central. Esa dirección es la responsable de todas las contrataciones públicas.
La auditoría de la Contraloría confirmó que la DGABCA ha tenido un papel importante en el tema.
“Se advierte que no se evidencia una voluntad manifiesta de estos (la DGABCA y Hacienda) para realizar acciones más firmes para la consumación del Sistema Unificado de Compras Públicas”, indica el documento.
El reporte cuestionó que el "apego" de la DGABCA con CompraRed hizo "gravoso" el proceso de transición hacia Mer-Link. "La finalidad de la Dirección no debe ser patrocinar el uso de CompraRed, sino aplicar la normativa vigente", destaca el informe y agrega que mientras el mercado de Hacienda esté funcionando no habrá una necesidad real de las instituciones para migrar hacia otra plaraforma electrónica.
Asimismo, el ente contralor señaló que la DGABCA y Hacienda han ejercido una “débil rectoría” y han “tardado en exceso” en resolver las situaciones técnicas y administrativas para aplicar un único mercado de compras electrónico.
Una prueba de esta realidad es que solo un 0,5% de los montos adjudicados por compras públicas en la Administración Central, de enero o a mayo del 2014, se dieron en Mer-Link.
Otro señalamiento para Hacienda es que está desactualizada la información de los funcionarios con prohibición para realizar compras en las instituciones y de los proveedores que han sido sancionados por incumplimientos.
Por otra parte, la Contraloría recomendó presentar un proyecto de Ley para hacer obligatorio el uso de una plataforma única de compras para todas las entidades del sector público. Con ello, se quiere tener más control sobre las instituciones descentralizadas que realizan el 94% de las adquisiciones públicas del Estado.
En la actualidad, una iniciativa de ley presentada por Otton Solís, diputado de Acción Ciudadana (PAC), propone que el Estado compra sus bienes y servicios en un solo mercado electrónico. Este proyecto no está en la agenda del Plenario en la actualidad, pero ya tiene el aval en comisión.
