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“Este negocio se parece al de la droga, pero es distinto. Si yo llevo al aeropuerto un kilo de cocaína, me agarran y voy para la cárcel. Si lo que llevo son piezas arqueológicas, me las quitan, pero no voy a la cárcel”.
Quien lo dice es Rafael, traficante de 60 años que lleva 45 en el negocio de camuflar piezas precolombinas para sacarlas del país. Su objetivo es venderlas a grandes intermediarios en Europa y Estados Unidos.
Su confesión es una de tres que La Nación obtuvo de traficantes e involucrados en el mercado –a cambio del anonimato– y evidencia cómo el tráfico ilegal de la memoria prehispánica costarricense está más vivo que nunca. Aunque una ley lo prohíbe desde 1982.
“Yo no vendo droga, vendo arte y, con la ley, este negocio se volvió mejor, más valioso. En eso sí es igual al de la droga, no va a morir, toda la vida será así”, agrega el hombre. En su casa, en San José, convive con decenas de objetos hechos por indígenas costarricenses.
Esta red clandestina de comerciantes se conoce entre sí y se conecta con saqueadores de tesoros (huaqueros) en Turrialba, Guápiles y Guanacaste. Los huaqueros son sus proveedores y les venden barato, aunque pasen días enteros abriendo huecos en la tierra para conseguir vasijas y figuras de piedra.
Mario, artesano y huaquero también de San José, se burla del Museo Nacional. El sexagenario asegura que las mejores piezas del país no están en sus bodegas, sino en Nueva York, Fráncfort y Roma.
Quizá tenga razón. Lo cierto es que, en esas ciudades, y otras de Europa, están los grandes –y millonarios– clientes de los traficantes de arqueología costarricense.
Con el mismo tono de ironía, Mario presume su colección de joyas personales: 1.200 objetos “que ustedes no van a ver... Me echaría (mataría) al policía que venga a decomisarla”.
A estos traficantes los persigue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sus agentes coordinan operativos con el Museo Nacional para quitarles las piezas que venden.
La última de estas investigaciones, en agosto, llevó a las autoridades a una casa en Naranjo de Alajuela donde una persona guardaba 45 vasijas y metates y otros artículos de piedra que vendía por medio de una red social. Además, se incautaron dos armas de fuego.
“Hay una cifra negra. Es como con la droga: se detectan dos toneladas de cocaína, pero pasaron 10”, asegura Gustavo Chinchilla, director de Interpol Costa Rica.
La ciencia del engaño
Todo tiene su precio y, si un coleccionista quiere una figura de piedra de la vertiente Atlántica o una vasija policroma Pataky de la Gran Nicoya –dos de los objetos más perseguidos de Costa Rica en el mercado negro–, Rafael se los garantiza en la puerta de su casa en cualquier parte del mundo.
“Yo tengo mi método y es eficaz. Si hay comprador y plata, la pieza le llega”, cuenta el traficante, quien para conseguirla utiliza su empresa de artesanía para engañar los controles en fronteras y aeropuertos.
Los tratos con extranjeros que lo visitan en su taller, se cierran con una factura. El papel disfraza como réplica a las milenarias reliquias en su poder. Una vez en el aeropuerto, el comprador lo presenta y sale del país sin levantar sospecha.
En otras ocasiones, objetos auténticos se cubren con cemento para, de nuevo, pasar inadvertidos frente a los oficiales de Aduanas.
Estas redes también exportan a pedido de sus clientes, un servicio más caro que, a veces, implica la complicidad de un tercero, a veces en la aduana.
"Las fronteras de Centroamérica son muy permeables. Un objeto apetecido puede estar en la noche en Costa Rica y al día siguiente en París. En las aduanas y los aeropuertos hay muchísima corrupción, de eso nos hemos dado cuenta en la Unesco”, asegura Montserrat Martell, especialista del Programa de Cultura de ese organismo de las Naciones Unidas, en San José.
Una vez en su destino, el precio de las piezas se multiplica. En el mercado negro, su valor crece hasta 30 veces, reconoce Eladio, otro comerciante entrevistado por este medio, quien contó que una vez, en Turrialba, vendió un collar de jade en $1.600 y ahora podría costar $54.500.
Esas son parte de las argucias con las que, desde Costa Rica, se abastece al mercado global del tráfico de arte patrimonial, tercera empresa ilegal más grande del planeta, detrás de la venta de drogas y del comercio de armas. El negocio genera de $3.400 millones a $6.300 millones anuales, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Durante tres meses, La Nación se dedicó a investigar la operación de estas redes en el país. Además, los hallazgos son parte de un análisis periodístico regional sobre tráfico ilícito de bienes culturales, liderado por el medio digital Ojo Público en Perú.
Parte del trabajo de este diario también consistió en revisar 87 expedientes del Museo Nacional con más de 4.000 folios de información sobre causas judiciales, subastas, repatriaciones y allanamientos para incautar arte precolombino en posesión ilegal.
La información recabada se sistematizó en tres bases de datos que revelan, entre otras cosas, la recuperación de 4.066 artículos prehispánicos, entre 2010 y junio de 2016.
Asimismo, dan cuenta de que, en una década y media, seis extranjeros fracasaron en su intento de llevarse en su equipaje 280 piezas a Suiza, Polonia y EE. UU. La última de ellos pretendía volar, el 11 de febrero, con una vasija con adornos de animales y un machacador de piedra.
La vasija, aunque dañada, es similar a las que se han ofrecido, hasta por $2.200 en la casa de subastas Waddington's Auctioneers, en Canadá.
Puente para tráfico regional
El país también es utilizado como puente para el comercio ilegal. Hace dos años, una persona usó un nombre y dirección falsas para enviar por correo exprés una pintura original de Pablo Picasso. El cuadro había sido robado y se retuvo en una aduana de Washington.
Otro ejemplo se dio en 2014, cuando Interpol Perú alertó a sus colegas en San José de que un matrimonio de estadounidenses, de apellido Bocanegra, había salido de Lima con objetos del patrimonio peruano.
La alerta, a la que este diario tuvo acceso, advierte que ambos son parte de una posible red de tráfico ilícito y que tendrían en su poder, en una casa en Escazú, 40 cuadros de la escuela cusqueña e incontables oleos enrollados. Todos para vender en Washington.
Como si todo esto fuera poco, uno de los más célebres sospechosos de este tipo de tráfico en el mundo es el costarricense Leonardo Patterson.
Intentos frustrados
No todos los traficantes han salido bien librados al tratar de vender parte del pasado indígena. Sus errores dan pistas sobre cómo funciona esta red criminal. Dos de estas historias ocurrieron en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
A simple vista eran seis cajas de madera como tantas que a diario salen del país en aviones de carga. En la parte superior todas llevaban estampado un sello del Museo Nacional de Costa Rica, el cual daba fe de que adentro iban piezas de artesanía moderna. Saldrían del aeropuerto con destino a la avenida Huart Hamoir 105, en Bruselas (Bélgica). Allí las esperaba el comprador.
Sin embargo, una de las cajas era demasiado grande para pasar por el control de rayos X. Una empleada de la aerolínea llamó al Museo para pedir permiso y abrirla. Aquella inocente llamada descubrió una gran mentira. En la línea, Marlin Calvo, directora de la oficina de Protección de Patrimonio del Museo, reaccionó de inmediato: “¡Desgraciados, falsificaron mi firma!”.
A toda prisa, la directora salió de su oficina, en Pavas, hacia el edificio Tikal, en las cercanías del aeropuerto. En la bodega número ocho, la aguardaban investigadores de la Fiscalía Agrario Ambiental.
Cuando abrieron las cajas encontraron vasijas, figuras de piedra, jade y un metate único en América.
El botín ascendía a $1 millón. Los 42 objetos eran auténtico arte precolombino de la vertiente Atlántica.
Quien pretendió sacarlos ilegalmente era un guía turístico pensionado, de apellido Jiménez, vecino de San Antonio de Coronado. El hombre tenía buenos contactos en el mundo de los huaqueros. Esa vez lo atraparon, pero no era la primera ocasión que enviaba a Europa cajas con supuestas artesanías.
Pedido de un pintor
Casi dos años después, en diciembre de 2001, tres cajas de madera despertaron, nuevamente, la malicia de un empleado de otra carguera del aeropuerto.
Pesaban mucho –180 kilos– para ser solo libros y artesanías que debían llegar hasta un pintor de apellido Panfietti, en Pisa, Italia. Al abrirlas, una arqueóloga del Museo Nacional confirmó que 69 piezas prehispánicas iban camufladas entre artesanías; su precio superaba los $20.000. Además, había un singular y valioso textil peruano con láminas doradas. La carga la remitía un hombre de apellido Torres, vecino de Hatillo, en San José.
En el juicio en su contra, contó que un artesano guanacasteco fue quien le presentó al pintor. Las cajas se las enviaba a Panfietti “como un favor”, alegó. Esa tampoco era la primera oportunidad en que Torres enviaba artesanías al extranjero.
Jiménez y Torres son los únicos costarricenses que, en 35 años, han sido condenados por violar la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico (N.° 6703), la cual prohíbe el comercio y el tráfico ilícito de bienes precolombinos. A ambos se les impusieron tres años de prisión, pero se les concedió el beneficio de ejecución condicional: no ir a la cárcel siempre y cuando, en libertad, no cometieran otro delito.
Para estos traficantes no hay prisión, tampoco remordimientos. Incluso algunos están enojados con el Museo Nacional por almacenar tantas piezas en sus bodegas .
“A mí esto no me duele. Ahorita mismo, mientras estamos conversando, se están llevando decenas de piezas por barco, avión y tierra… De esto vive mucha gente”, dice Rafael al sostener una pieza celosamente guardada en su taller. En sus manos carga más de 2.000 años de historia que pronto venderá.
Este reporte sobre Costa Rica forma parte de una investigación regional que también evidencia las historias ocultas del saqueo cultural de América Latina. El proyecto es original de OjoPublico de Perú, en alianza colaborativa con la Unidad de Datos de La Nación, Plaza Pública de Guatemala, Animal Político de México y Chequeado de Argentina.
