EscucharSan José, 1 jul (ACAN-EFE).- El Gobierno de Costa Rica insistió hoy en que existe una prohibición para que más de 100 campesinos puedan volver a una finca que reclaman desde hace más de dos meses y que la empresa Standard Fruit Company, filial de la multinacional Dole, asegura que es de su propiedad.
De esta finca, conocida como Bambuzal, ubicada en Río Frío de Sarapiquí, provincia de Heredia, a unos 100 kilómetros al noreste de San José, fueron desalojados 112 campesinos hace dos meses, quienes se refugiaron en la Catedral Metropolitana de San José.
Los campesinos anunciaron ayer que el sábado próximo regresarán a Bambuzal.
En un comunicado, el viceministro de la Presidencia, Randall Quirós, indicó que un fallo de un Tribunal de Heredia deja claro que "las denominadas fincas bananeras de Bambuzal, son de propiedad privada y por lo tanto se debe hacer respetar esa condición".
En este fallo del pasado 24 de junio, el Tribunal de Heredia ratifica una resolución del Juzgado Penal de Sarapiquí, del pasado 24 de abril, en el que ordena como medida cautelar la prohibición a los campesinos el ingreso a la zona de Río Frío.
El documento indica que "se confirma la resolución del 24 de abril dictada por el juzgado penal de Sarapiquí" que prohíbe el ingreso de los campesinos a la finca.
El fallo del Tribunal de Juicio de Heredia responde a un recurso de apelación a la resolución del juzgado penal de Sarapiquí interpuesto por los campesinos que argumentan que se les lesiona la libertad al impedirles acercarse a sus hogares y lugar de trabajo.
La presidenta de la Asociación de Campesinos de Bambuzal, Ileana Murillo, dijo ayer que regresarán a lo que consideran su hogar "con fe y ánimos de volver retomar nuestra posición y nuestras tierras de forma pacífica".
La propiedad que los campesinos reclaman, de 875 hectáreas, está ubicada en una zona donde la Sandard Fruit Company tiene grandes plantaciones de banano.
Los campesinos sostienen que van amparados a una resolución agraria anterior a la dictada por el tribunal de Heredia que indicaba que mientras se resolvía el juicio agrario contra la empresa bananera ellos podían vivir en esas tierras.
"Vamos a hacer valer estas dos resoluciones. Intentaremos ocupar las parcelas de manera pública y pacífica, y esperamos que la Fuerza Pública respete el Estado de derecho y las resoluciones judiciales existentes que amparan a las familias", expresó Héctor Monestel, representante de los campesinos. ACAN-EFE
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