EscucharBuenos Aires. Las primeras licitaciones del ambicioso plan argentino de obras públicas estarán listas a fines de enero del 2001 y el Gobierno espera recaudar a través de ellas $1.000 millones, dijo el sábado un funcionario del Ministerio de Economía.
El presidente Fernando de la Rúa firmó el viernes 29 de diciembre el decreto que aprueba la puesta en marcha de este plan, que se espera genere ingresos por $20.000 millones en 20 años.
El Senado, controlado por el opositor Partido Justicialista (peronista), se negó la semana antepasada a sancionar la iniciativa.
Sin embargo, De la Rúa acordó el miércoles, en una reunión con gobernadores peronistas, sacar el proyecto por decreto, aduciendo la necesidad de iniciar de manera urgente estas obras para reactivar la economía.
"Ya estamos poniendo en marcha este plan y esperamos tener a fines de enero las primeras licitaciones por cerca de 1.000 millones de pesos (dólares)", dijo a una radio local el secretario de Programación Económica, Miguel Bein.
"Todos sabemos el rápido efecto dinamizador de la economía que posee la construcción y, en ese sentido, buscamos que la economía empiece a crecer tras el arranque de estas obras", agregó.
El funcionario indicó que el inicio de las obras previstas en el plan de infraestructura generarían 20.000 o 30.000 empleos en los primeros meses del 2001.
El Gobierno apostó todas sus fichas a este proyecto, para despertar a la economía de su prolongado letargo.
Se espera que las obras generen 400.000 puestos de trabajo y que en el primer trimestre del 2001 ya estén licitados los 900 proyectos que prevé la primera etapa del plan.
La inversión final prevista para 2001 es de $2.000 millones.
Según los cálculos del Gobierno, el producto interno bruto (PIB) crecerá menos de 0,5 por ciento en el 2000, tras una caída del 3,2 por ciento en 1999.
El índice de desempleo es del 14,7 por ciento, lo que significa que casi 2 millones de personas no tienen trabajo, en un país con 36 millones de habitantes.
El plan no prevé un aumento importante del gasto público, dado que la construcción y operación de los proyectos estará a cargo de empresas y bancos, que una vez finalizada las obras cobrarán al Estado cuotas mensuales para recuperar la inversión.
Para asegurar que la financiación sea de bajo costo, el Gobierno pone como garantía un fondo de activos públicos, especialmente terrenos, que serían entregados a los acreedores si el Estado no paga las cuotas correspondientes.
