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El Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (Fonecafé) no pagará intereses por una deuda de $13,2 millones (¢6.864 millones) con el Estado, confirmó ayer el Ministerio de Hacienda.
José Luis Araya, viceministro de esa cartera, explicó que no se puede cobrar intereses porque así se estipula en el Código de Comercio, que regula los avales.
Según Araya, el “concepto de avalar” se aplica parecido al de fiador, por lo que, si el deudor principal no paga, lo hace el otro, pero al cobrar este lo que aportó, no tiene derecho a agregar los intereses.
El Estado avala las emisiones de bonos del Fonecafé, obligado por la Ley de este fondo. Esto implica que debe pagar tanto el principal como los intereses a quienes compraron los bonos, en caso de que los cafetaleros no puedan hacerlo.
El Fondo emitió $50 millones en bonos en el 2001. El producto de su venta se entregó a los productores para paliar la crisis del momento por los bajos precios.
Los cafetaleros comenzaron a pagar, pero entre finales del 2003 e inicios del 2005 los precios volvieron a caer y no llegaron a los niveles en que el productor debe entregar montos al Fondo (al menos $92 por quintal o 46 kilos al salir del beneficio en Costa Rica).
Ante la ausencia de aportes de los beneficiarios, el Gobierno asumió el pago en ese período tanto por principal como por intereses, lo que alcanzó los $13,2 millones.
La Asamblea Legislativa, en tanto, aprobó en segundo debate el lunes pasado una reforma al Fonecafé para reducir los aportes de los productores.
Justo. El diputado José Joaquín Salazar, vocero del Partido Acción Ciudadana (PAC) en asuntos agrícolas, dijo que no ven ningún problema en eso. Recordó que durante muchos años los cafetaleros fueron los únicos que pagaron impuestos de exportación, mientras a actividades como piña y productos no tradicionales se les estimulaba pagándoles millones en Certificados de Abono Tributario (CAT).
Sin embargo, Luis Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario, dijo que el beneficio a los cafetaleros no debe perjudicar al Estado. Por eso, agregó, se debe promover un cambio en la Ley para este caso específico.
