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Este jueves el Gobierno firmó una directriz donde se obliga a todas las instituciones del sector público nacional a tomar las medidas técnicas y financieras necesarias para la obtención de información, realización de consultas y transacciones, formulacion de solicitudes y pagos, por medio de mecanismos digitales.
De acuerdo con el documento, "Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense", se sentarían así las bases para que las personas físicas puedan utilizar en cualquier escenario la capacidad de firma digital certificada, ya sea para autenticarse o para firmar todos los trámites con la institución por vía electrónica.
"Tenemos una infraestructura de llave pública de primer mundo, y una emisión de certificados y firmas digitales que garantiza la seguridad y la confianza de todos los usuarios. Con esta directriz esperamos mejorar los indicadores de competitividad y simplificar los trámites y negocios", expresó Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología.
A la fecha, existen 67.000 costarricenses con firma digital en el país, de empezar a tomarse las medidas por parte de las instituciones, se estima que el Estado llegue a otorgar hasta 500.000 firmas digitales en un año.
Además, hay 40 instituciones costarricenses que han implementado más de 65 servicios al ciudadano bajo este principio.
Alicia Avendaño, directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, aseguró que ese aumento en la entrega de firmas se buscará por medio de dos vías: reduciendo el costo de la identificación virtual a un precio que ronde los $10 y ampliando la portabilidad de la firma con el uso de diversos dispositivos.
"La idea es que la persona la pueda portar en su teléfono celular, en un token, y en el futuro, que sería lo idea, incorporarla a la cédula de identidad por medio de un chip", comentó Avendaño.
Empero, con la firma de esta directriz, las instituciones del sector público costarricense tienen la obligación de crear nuevos servicios electrónicos que promuevan la emisión y recepción de documentos electrónicos firmados digitalmente, lo que mejorará la eficiencia operativa de las instituciones y dará un impacto positivo en el cumplimiento del compromiso de carbono neutralidad del país.
La Dirección de Certificadores de Firma Digital perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) fue quien elaboró la directriz firmada esta mañana, y operará como nueva unidad certificadora de firma digital.
