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El gerente general del Banco Popular, Gerardo Porras, justificó la reducción de las utilidades por las reservas en que incurrió la entidad en lo que va del año.
Las utilidades de esta entidad se redujeron en unos ¢1.343 millones, al pasar de ¢12.041 millones a como ¢10.698 millones.
Porras dijo que la entrada en vigencia de la normativa Sugef 1-05, obligó a la entidad a realizar reservas por más ¢4.000 millones.
Esta normativa califica a los deudores y obliga a los bancos a realizar mayores estimaciones por posibles créditos malos.
Según Porras, el nuevo reglamento –que empezará a regir el 9 de octubre– “golpeará más a las entidades que cuentan con mayor cartera de créditos personales, como es el caso de las cooperativas y el nuestro”.
Actualmente un 60% de los préstamos del Popular se encuentran en banca de personas, vivienda y consumo.
El jerarca manifestó que el hecho de que el 70% de sus créditos sean, en promedio, inferiores al ¢1 millón, provoca que los gastos administrativos para atender esas operaciones sean mayores respecto al resto de intermediarios del mercado.
Porras explicó que en el Popular el 75% de los créditos de vivienda son por montos inferiores a ¢5 millones; mientras que en el caso del Nacional el monto mínimo que se financia es de $10.000 (unos ¢5,2 millones) y en el Banco de Costa Rica el monto mínimo es de $40.000 (¢10,4 millones).
Otras reservas. Porras comentó que adicional a las estimaciones por créditos, la Procuraduría General de la República determinó que el Popular debe retener un 5% de sus utilidades y trasladarlas a Conape, por lo que realizaron una reserva de ¢950 millones.
Porras dijo que el Banco sometió a consulta de la Procuraduría una solicitud de la Sugef, que gravaría al Banco con un 3% de las utilidades y que se destinarían al Fondo Nacional de Emergencias, “hecho que desde nuestro criterio jurídico sólo debe aplicarse a instituciones autónomas y empresas del Estado”.
Porras dijo que de concretarse esa iniciativa, representaría unos ¢400 millones en este año, que no estaban cuantificados.
Otro elemento que afecta las utilidades es que el Ministerio de Hacienda estaría gravando los intereses generados por las inversiones. Esto obligó a la entidad a aprovisionar en este periodo unos ¢900 millones, situación que antes no teníamos, dijo Porras.
Porras manifestó si bien existe un trato preferencial del Banco en el pago del impuesto sobre la renta que es del 15% sobre la base imponible, el Ministerio de Hacienda hizo un traslado de cargos y está recalificando a la entidad sobre la base de un 30%, es decir; “nos tienen dentro de la lista de grandes contribuyentes”.
