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Los amplios rezagos tecnológicos y la falta de dinero y de legislación limitan las iniciativas de gobierno digital en Costa Rica.
A esas conclusiones llegó un diagnóstico sobre el estado del país en cuanto a prestación de servicios públicos por medios digitales, realizado por la Universidad de Costa Rica con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .
El análisis cita como ejemplo de rezago tecnológico la ausencia de acceso a Internet de las entidades y su baja interconectividad con otras instituciones del Estado, así como su desconocimiento de las necesidades y preferencias del ciudadano.
La principal carencia en el plano jurídico es la falta de leyes sobre seguridad y verificación de las transacciones electrónicas.
El segundo vicepresidente de la República, Kevin Casas, presentó ayer los resultados del análisis como preámbulo de un plan que impulsará más servicios públicos sobre vías digitales.
La coordinación de esa estrategia y el impulso de los futuros proyectos los asumirá la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, anunciada ayer por Casas.
Esa Secretaría ya sufre las limitaciones financieras que contrarrestan los esfuerzos de gobierno digital en Costa Rica pues su financiamiento (entre $100.000 y $200.000 según Casas) aún se desconoce.
“Es un monto relativamente pequeño, pero estamos en gestiones muy avanzadas que preferiría no detallar ahora”, manifestó Casas.
Terreno difícil. La Secretaría de Gobierno Digital presentará una estrategia para ampliar la actual gama y la calidad de servicios remotos disponibles para la ciudadanía, cuya oferta es hoy limitada.
El diagnóstico de la UCR señala que, de 150 servicios o trámites “en línea” ofrecidos por las 24 instituciones públicas analizadas, la mayoría está en etapas iniciales.
Un 40% (60 servicios) lo conforman sitios estáticos con información institucional. Un 42% (63 servicios) brinda información general sobre cómo hacer los trámites.
El 7% de las páginas permite consultas de información o algún tipo de trámite, y solo el 11% son páginas electrónicas valiosas para el ciudadano pues le evitan recurrir a varias instituciones para obtener un servicio.
La investigación también reveló que el 22% de los sitios electrónicos institucionales carece de bases de datos. En el caso del 39% que sí las tienen, estas son inadecuadas por el alto volumen de transacciones.
El diagnóstico afirma que otra amenaza para los planes de gobierno digital radica en la “visión institucional cerrada” que puede neutralizar este tipo de iniciativas.
