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La directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) rehusó investigar las actuaciones de Fernando Naranjo, hoy exgerente de la entidad, por callar durante cuatro meses una fiscalización tributaria que derivó en un cobro por ¢50.000 millones contra la entidad.
El 2 de marzo del 2015, los directivos argumentaron que “carece de interés actual la apertura de un procedimiento administrativo para determinar si procede o no la remoción del cargo de Gerente General al señor Fernando Naranjo, en virtud de que dicho funcionario cesó en sus funciones el día 10 de febrero del 2015”.
Así lo acordaron por unanimidad, según el acta de sesión de Junta Directiva N°. 11.969, en poder de la La Nación .
Sin embargo, desde un mes atrás, el 3 de febrero, los miembros de este órgano colegiado conocían el informe de Auditoría donde se recomendó iniciar el proceso administrativo de sanción (acta 11.961).
El máximo órgano de dirección del BNCR fundamentó su decisión con base en el informe confidencial ALG-001-2015, realizado por Édgar Cordero, asesor legal de la Junta Directiva.
Los directivos estudiaron la posibilidad de establecer una sanción contra Naranjo tras el el Informe de Auditoría AGGA-RH-001-2015: Relación de hechos referente a la actuación del Gerente General, ante la Auditoría Fiscal de la Dirección de Grandes Contribuyentes para los periodos fiscales del 2010 al 2014, del 30 de enero del 2015.
En dicho documento, del cual también tiene copia este diario, la Auditoría Interna informó de que podría estarse ante un caso de pérdida de confianza e incumplimiento de deberes porque era obligación de Naranjo informar (a los directivos) de riesgos de impacto relevante, en los estados financieros, ante la fiscalización tributaria.
“El Sr. (Fernando) Naranjo Villalobos podría haber violentado o infringido el ordenamiento de control y de fiscalización superiores de la Hacienda Pública”, detalla el informe.
Además, asegura que, como jerarca del Banco, está obligado a someter ante los directivos “todos aquellos aspectos que inciden en la gestión, lo cuales impliquen riesgos que puedan impactar las finanzas”.
Al cierre de edición no se obtuvo respuesta a las consultas enviadas a la Junta Directiva del Banco Nacional sobre su decisión de archivar el caso.
Consultado ayer, el exgerente dijo que contaba con la discrecionalidad legal para comunicar o no el traslado de cargos por parte de Tributación.
“Mi labor como gerente era llevar soluciones a la Junta Directiva y no problemas”, alegó el exbanquero.
Aunque su salida estaba prevista para el 1. ° de marzo, luego el jerarca la adelantó para el 11 de febrero del año pasado .
Naranjo negó este jueves que la decisión de anticipar su salida del Banco tuviera que ver con dicha investigación.
Los hechos. La Dirección General de Tributación notificó, el 21 de mayo del 2014, el inicio de una fiscalización tributaria contra el Banco Nacional por los periodos declarados del 2013 y 2012, que posteriormente se ampliaron al 2010 y 2011, según la relación de hechos efectuada por la Auditoría Interna del ente financiero.
Naranjo supo formalmente del caso hasta agosto del 2014 cuando acudió, con otros jerarcas del Banco, a una reunión con Helio Fallas, ministro de Hacienda, y Olivier Castro, presidente del Banco Central, para hablar sobre la fiscalización contra el BNCR. En noviembre del mismo año hubo otra cita, esta vez en Casa Presidencial, luego de conocerse el traslado de cargos del fisco por ¢50.000 millones.
Fallas y Castro negaron este jueves que las reuniones fueran con el objetivo de intervenir en favor del Banco.
No obstante, la Junta Directiva conoció de la fiscalización de Tributación hasta el 8 de diciembre del 2014, cuando Ricardo Araya, auditor general, lo informara de manera verbal en la sesión.
Los directivos increparon, ese mismo día, airadamente a Naranjo. Incluso la entonces directora, Gabriela Flores Ortiz, solicitó una amonestación de forma inmediata para el gerente general, según consta en el acta 11.952.
“¿Por qué la Administración no informó? Don Fernando, si la suma de ¢52.000 millones (luego se redujo a ¢50.000 millones) no le parece una cifra relevante, ¿qué otros asuntos no se han informado en el seno de este órgano colegiado? ”, cuestionó Flores.
En esa acta, el directivo Jorge Luis Méndez Zamora consideró precipitada la amonestación y añadió: “La Auditoría trae esto por primera vez (...); meditemos para ver quiénes están involucrados . Esto es algo que no existe jurídicamente. Está siendo analizado por Tributación, no se ha ejercido el derecho de defensa”.
Flores replicó: “Don Jorge, usted me quiere decir que la situación no existe. Si no existe, entonces, ¿por qué motivo miembros de la Administración fueron a hablar con el Ministro de Hacienda y con el Presidente del Banco Central? No existe la situación, pero ya la están discutiendo a ese nivel”.
Al final de la sesión, los directores acordaron, de manera unánime, ordenar a la Auditoría investigar preliminarmente la actuación de la alta gerencia y recomendar el paso por seguir.
Bono. Por otra parte, a dos meses de la salida de Naranjo, el exgerente solicitó a la Junta Directiva el pago de su bono de productividad por el resultado del 2014.
Los directivos avalaron el pago, el 13 de julio del 2015, en una votación en la que cuatro miembros estuvieron a favor y tres en contra, según el acta 12.006 .
El bono se pagó pese a que, en marzo de ese año, Víctor Hugo Carranza, entonces presidente de la Junta, dijo en el Congreso que a Naranjo solo le correspondía el aguinaldo y vacaciones. Para calcular el premio, los directivos acordaron que fuera de 0,5789 veces el salario promedio del exjerarca; es decir, cerca de ¢11 millones, pues el sueldo de Naranjo ascendía a ¢19 millones.
En un inicio, el arreglo fue que el bono fuera de dos salarios; pero en la sesión del 13 de julio los directivos variaron el cálculo.
