EscucharEl Ministerio Público investiga el otorgamiento de un crédito por $30,8 millones dado por el Banco de Costa Rica (BCR), en el 2014, para el Parque Industrial y Zona Franca Hacienda San Rafael.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes confirmó a La Nación, el 9 de octubre anterior, que efectúan la pesquisa por los posibles delitos de tráfico de influencias y estafa.
El proceso está, actualmente, en la fase de recolección y análisis de pruebas, explicó la entidad judicial.
Dicha causa tiene que ver con un refinanciamiento otorgado por el BCR a la Compañía Inversionista Las Brisas, desarrolladora del parque industrial y propiedad del empresario Gaspar Ortuño, según consta en el expediente 17-000018-1220-PE.
La denuncia se presentó contra Ortuño, como dueño de la compañía; Mario Rivera, gerente del BCR en el momento de aprobado el financiamiento; y dos funcionarios de Scotiabank, entidad que administra el fideicomiso de garantía de la operación de crédito creado el 23 de diciembre del 2010.
El préstamo que se indaga se dio a la empresa para pagar un crédito por $20,3 millones, dado por el BCR en 2010; para realizar obras en el parque industrial y cancelar deudas con proveedores, según consta en el expediente de la Comisión de Crédito del BCR, del cual tiene copia este diario.
La entidad y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) constituyeron el fideicomiso de garantía, pues ambos prestaron recursos para el desarrollo de la zona franca creada en noviembre del 2007. El BCIE dio $30 millones para las obras.
Detalles
La denuncia penal fue presentada, en enero anterior, por el abogado Jorge Mario Marín, quien pidió investigar los supuestos actos irregulares en el trámite de ambos préstamos.
El principal cuestionamiento es que en el primer financiamiento, de diciembre del 2010, se acordó el traspaso de los bienes del parque industrial y los arrendamientos por parte de la Compañía Inversionista Las Brisas al fideicomiso de garantía Las Brisas-BCIE-BCR-Dos Mil Siete, cuyo fiduciario es Scotiabank.
Marín alegó que, al parecer, los contratos de alquiler no fueron trasladados al fideicomiso por parte de la compañía, la cual siguió cobrando a los inquilinos del parque industrial y los bancos lo permitieron.
"En el refinanciamiento dado (por el BCR) hay una serie de condiciones que se estipulan para dar el préstamo, entre ellas, el traslado de los arrendamientos al fideicomiso", recalcó el abogado.
El jurista señaló que antes de constituir el fideicomiso se debieron cancelar las deudas con una serie de acreedores de la empresa, entre ellos la firma Arquitectura e Ingeniería S.A. encargada del diseño y construcción de la zona franca.
Marín es representante legal de dicha empresa en un proceso civil contra la compañía Las Brisas, por una supuesta deuda de $25 millones.
Al respecto, Federico Campos, abogado de Ortuño, sostuvo que Marín carece de legitimidad para denunciar porque no es afectado directo ni acreedor de la empresa de su representado. Así lo manifestó en una solicitud de desestimación entregada a la Fiscalía en marzo pasado.
"Los hechos denunciados no son configurativos de ningún delito, ya que a lo largo de todo su escrito Marín alude de su capacidad de especulación imaginando e inventando hechos con los cuales no tiene ninguna prueba de nada", afirmó Campos al Ministerio Público.
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En el oficio, el abogado también afirmó que los hechos denunciados están prescritos.
La Nación remitió una serie de consultas a Campos sobre la actuación de la compañía y su representado en relación con el fideicomiso, pero no había respondido al cierre de esta nota.
Incumplimientos
Por otra parte, el BCR encontró, en marzo del 2014, una serie de incumplimientos de la Compañía Inversionista Las Brisas, durante el análisis para el refinanciamiento por $30,8 millones.
La Gerencia Legal del BCR advirtió de que la empresa deudora debía aclarar el estado de los contratos de arrendamiento del parque industrial.
"Remitir nota al señor Gaspar Ortuño para expresarle la inconformidad del Banco por el procedimiento que ha venido siguiendo con los recursos económicos fideicometidos", detalla el expediente de la Comisión de Crédito 11-14-CC, del 18 de marzo del 2014.
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El Banco encontró que no todos los inquilinos de la zona franca depositaban sus pagos en el fideicomiso.
"De acuerdo con los reportes del fiduciario (Scotiabank), se evidencia que no todos los alquileres han estado ingresando al fideicomiso", se detalla en el expediente de crédito.
Mario Rivera, entonces gerente del BCR, le remitió a Ortuño una carta en la que se indican una serie de condiciones para obtener el refinanciamiento.
"El administrador del proyecto debe consentir que no deberá llegar a acuerdos con los arrendatarios; o concertar contratos de cualquier índole (...) sin que previamente haya obtenido la autorización escrita de los fideicomisarios (BCR y BCIE)", se detalla en la misiva del 25 de marzo del 2015.
Rivera no contestó las llamadas realizadas por este medio.
El BCR indicó, mediante un mensaje de su Oficina de Prensa, que no tiene conocimiento de la denuncia presentada ante la Fiscalía, pero expresó total disposición a colaborar con la pesquisa.
"En razón del deber de confidencialidad que debemos guardar, no nos referiremos a consultas puntuales sobre el crédito; no obstante lo cual, debemos aclarar que el Banco ha cumplido con las regulaciones prudenciales emitidas por la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras)", afirmó la entidad bancaria.
Al respecto, Manfred Sáenz, director legal de Scotiabank, argumentó que el banco cumple con la legislación local en cuanto a la prestación de servicios.
"Por respeto al debido proceso y en apego al secreto bancario no podemos referirnos a este caso en particular. Sin embargo, es importante aclarar que atendemos este tipo de asuntos con la seriedad y responsabilidad que se merece", dijo Saénz.
El Banco de Costa Rica confirmó que la operación por $30,8 millones dada a la Compañía Inversionista Las Brisas sigue vigente, pero no detalló el estado del crédito.
