EscucharCosta Rica promueve acciones que facilitan cada vez más el acceso de los Estados a información de los clientes de los bancos, con fines tributarios, aunque sin eliminar el llamado secreto bancario.
La última medida en esa dirección fue la adhesión del país, a inicios de mayo de este año, a la Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal, en la ruta para entrar al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El consultor de impuestos de Deloitte, Manrique Blen, y las especialistas del bufete Arias y Muñoz, Carolina Flores y Alejandra Arguedas, estiman que los compromisos internacionales generan una mayor apertura de los datos de los clientes, aunque se mantiene todavía el secreto bancario.
Flores advirtió de que se debe ser vigilante de los alcances que las administraciones tributarias pueden dar a esos compromisos.
El acuerdo con la OCDE (son 34 miembros) se suma a la suscripción de acuerdos bilaterales para el intercambio de información tributaria con 16 países (seis ya vigentes).
Estados Unidos, por su parte, tiene la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés). En el marco de esa legislación, Costa Rica fue el segundo país latinoamericano en firmar un acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos, en noviembre del 2013.
Sin embargo, las organizaciones bancarias y el Gobierno sostienen que no se afecta la protección de la información de los clientes.
Existe. Los ministerios de Comercio Exterior (Comex) y de Hacienda afirmaron, por escrito y de manera conjunta, que el intercambio de la información bancaria para efectos tributarios ya existe, pero bajo requerimiento de la parte interesada. El compromiso con la OCDE solo hace automático el intercambio; es decir, sin que el país requerido pueda analizar si la entrega. Además, el uso se limita solo a las autoridades fiscales de cada país.
La adhesión es de manera voluntaria y la declaración no es vinculante, dijo el Comex, aunque aclara que la OCDE, por lo general, vigila que se aplique para que se cumplan sus políticas.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras coincidieron en que no se elimina el denominado secreto bancario.
El asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez, aseguró que el interés público está por encima de la protección de la información bancaria. En este caso, actúa como tal la necesidad de una buena recaudación de impuestos.
El secreto bancario, dijo, no está en la ley.
Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos, consideró que el acuerdo con la OCDE se trata de una declaración; no se trata de un tratado ni convención internacional. Por tanto, esta declaración no es fuente del derecho interno.
Ante eso, concluyó, no se crea ninguna nueva obligación ni norma jurídica adicional, mientras tanto no se desarrolle normativa interna al respecto.
