EscucharEl proyecto de ley para transformar a Bancrédito en un banco de fomento y desarrollo pierde viabilidad política en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa cuenta, principalmente, con el apoyo de los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC). Sin embargo, el resto de fracciones legislativas tienen dudas de que el plan se apruebe este año.
Incluso Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, reconoció que están en una fase de "exploración" con los diputados e impulso de la iniciativa.
"Para enero va a ser muy difícil llegar con ese proyecto aprobado. Estamos en una fase muy inicial de concertación entre los actores. No vale la pena empujar algo que no tenga los apoyos", confirmó Mora a La Nación.
Por su parte, Gerardo Porras, gerente de la institución financiera, aceptó que si el plan de transformación no se aprueba antes de diciembre, el Banco no será viable después de enero del 2018.
"La pregunta es: ¿hasta cuándo se puede sostener? Si no se aprueba el proyecto, el Banco no es sostenible", recalcó Porras.
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La Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) aprobó, el 24 de octubre pasado, solicitar al presidente Luis Guillermo Solís el cierre definitivo de la entidad financiera. La decisión la tomaron ante la incertidumbre sobre el futuro de la institución, al no avanzar en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley para transformarlo en un banco de fomento.
Sin embargo, Mariano Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico, aseguró –contrario al argumento de Porras y la Directiva – que el Banco podrá continuar con sus funciones en los próximos meses.
El Poder Ejecutivo propuso, el pasado 20 de julio, un proyecto de ley para capitalizar Bancrédito con dineros de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación y del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social.
Con los cambios, la entidad se enfocaría en apoyar el financiamiento de la educación, las pymes, el desarrollo de obras de infraestructura, dar créditos para comercio exterior y apoyo a empresas de la economía social solidaria.
La decisión se tomó debido a que, el 25 de mayo pasado, el Consejo de Gobierno acordó el cierre de la banca comercial de Bancrédito y su salida de la intermediación financiera para el 31 de diciembre del 2017.
Sin avance legislativo
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la iniciativa del Gobierno es que solo la fracción del PAC respalda abiertamente la aprobación del proyecto, con la excepción del diputado Ottón Solís.
"El proyecto será convocado para las sesiones extraordinarias en diciembre (...). Quizás no tengamos el tiempo necesario, pero sí habría un margen de maniobra para obtener la mayoría que necesitamos", dijo Javier Cambronero, jefe la bancada oficialista.
La mayoría de grupos parlamentarios reprochan que el Poder Ejecutivo presentara la iniciativa y haya impulsado su pronta aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos, donde se analiza el texto.
Francisco Camacho, jefe de la fracción del Frente Amplio, consideró que el Gobierno llegó tarde con el proyecto, el cual perdió hasta el apoyo de la Directiva de Bancrédito.
El líder socialcristiano, William Alvarado, confirmó que entre las prioridades del Poder Ejecutivo no se planteó el cambio legal de Bancrédito.
En la Comisión de Asuntos Económicos, el plan no ha tenido ningún avance desde su presentación en julio anterior, confirmó Víctor Moralez Zapata, presidente de dicho órgano.
"La iniciativa está en una subcomisión. No es uno de los proyectos que esté en los primeros lugares", confirmó el legislador.
Mientras tanto, el liberacionista Juan Marín, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, dijo que la única manera de avanzar con la propuesta sería la dispensa de trámites del proyecto. Sin embargo, duda de que haya ambiente político para tomar dicha ruta.
Largo plazo
Mariano Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico, enfatizó que a partir de esta semana comenzarán un proceso de discusión con diputados para impulsar el plan.
"El proceso de transición tiene un plazo más largo (...) El Banco seguirá con las actividades que quedan fuera de la intermediación financiera", afirmó Segura.
El funcionario aseguró que la institución podrá continuar funcionando los próximos meses con la disminución del personal planificada para la nueva estructura.
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Para Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), de no aprobarse esta la ley, se podría causar un daño al Banco.
"Una vez finalizado el proceso de desintermediación, si no logran cubrir sus costos operativos, el Banco podría sufrir un menoscabo en su patrimonio. De no alcanzar estos recursos (de las comisiones de servicios), se debe utilizar el patrimonio del Banco", explicó Cascante.
El patrimonio de la entidad bancaria es de ¢68.000 millones, según sus estados financieros.
Actualmente, Bancrédito tiene 300 empleados. El plan de la institución es finalizar el año con entre 140 y 150 persona.
