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Caracas. AP La idea del presidente Nicolás Maduro de supervisar compras de productos básicos en Venezuela, a través de huella digital, desató una ola de interrogantes sobre un plan que debería estar operando en tres meses.
Las dudas van desde si el programa será obligatorio o voluntario –esta ultima posibilidad fue introducida por Maduro en un discurso posterior al anuncio de la implementación del proyecto– hasta cómo se controlarán las compras a menores y extranjeros y cuáles serán los productos vigilados.
El plan, tildado de ‘tarjeta de racionamiento cubana’, fue anunciado en un marco de inflación superior al 60% interanual y aguda escasez de productos básicos originada por la contracción de importaciones y el contrabando hacia Colombia, donde los precios pueden ser 10 veces superiores.
“El captahuellas es un sistema liberador...y el compañero Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, a cargo del programa, les dijo a los empresarios de automercados privados que es voluntario”, declaró Maduro.
La semana previa, el presidente, al anunciar su idea, explicó que ya había ordenado la aplicación de un sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales.
Millones de venezolanos, que diariamente batallan para conseguir aceite, leche o desodorante, respiraron aliviados al escuchar “voluntario” y pensaron que se liberarían de un trámite adicional en las interminables filas de espera en los supermercados.
Para el líder opositor Henrique Capriles, el cambio fue un signo de flaqueza. “Me dicen que Nicolás (Maduro) reculó y ahora la captahuella será voluntaria, que nadie acepte esa violación a derechos constitucionales”, escribió en su cuenta de Twitter.
