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La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos lanzaron ayer una propuesta para desentrabar la presa de 2.124 solicitudes que ahogan el registro de plaguicidas en el país.
Esa situación se presenta desde el 2009 y, según la CNAA, impide a Costa Rica utilizar la última tecnología.
Los nuevos productos reducirían los volúmenes de aplicación y son más amigables con el ambiente, dijeron por separado el presidente de la CNAA, Juan Rafael Lizano, y el fiscal e impulsor de la propuesta, Álvaro Sáenz.
El plan fue entregado al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, quien es el rector oficial en este campo, pero debe coordinar el tema con los ministerios de Ambiente y Energía (Minae) y Salud.
Estas dos últimas entidades también intervienen en el trámite del registro de productos.
El plan consensuado del sector privado pasa ahora a análisis del Ejecutivo. Los empresarios pidieron que Arauz lo lleve al Consejo de Gobierno y procure el acuerdo con otros ministerios.
El problema. Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, recordó que el asunto se originó en el 2004, cuando la Contraloría General de la República ordenó mejorar el reglamento de registro.
Ese reglamento se emitió en el 2007, con tal cantidad de requisitos que hasta el 2009 solo se registraron cinco productos. En el 2009 se emitió una ley transitoria que ordenó inscribir todo lo que estaba en presa. Se logró para 400 productos, explicó Obando.
Sin embargo, el reglamento siguió igual. Por eso, del 2009 a la fecha se acumularon 351 solicitudes entre formulaciones (productos terminados para aplicar), ingredientes activos (base para las fórmulas) y coadyuvantes.
Además, la presa incluye 1.773 pedidos de renovación de registros que se vencieron.
Lizano señaló que entre el 2009 y hoy se acumularon 26 moléculas o ingredientes activos nuevos, con alta tecnología, pese a que ya se han registrado en muchos otros países competidores.
Los empresarios atribuyen la presa a la alta cantidad de requisitos, mientras las instituciones alegan incumplimientos al presentar la documentación.
