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En Costa Rica, el comercio de cigarrillos de contrabando deja $26 millones de pérdidas por año, de acuerdo con la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (Amcham, por sus siglas en inglés).
Desde 2012, cuando se aprobó la ley antitabaco, el comercio ilícito de este producto creció 16%, según Amcham. Se estima que uno de cada cuatro cigarrillos que se consume en el país ingresó de manera ilegal.
Los cigarrillos ilegales vienen de China e India, principalmente.
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Los datos se desprenden del estudio "Del Contrabando hormiga a un elefante en el mercado", desarrollado por la firma consultora CID Gallup para Amcham.
Esta investigación documental recopila 20 estudios locales e internacionales sobre el comercio ilícito del cigarrillo en Centroamérica.
En la región, las pérdidas superan los $113 millones por año.
El análisis concluyó, además, que el dinero producto de este contrabando financia grupos criminales y terroristas en el mundo. Por ejemplo, se demostró que las maras en El Salvador están detrás de este negocio ilegal, señala Esteban Álvarez de CID Gallup.
Control débil
El aumento en el precio del producto por una reducción en el consumo, los impuestos selectivos y las bajas penas al comercio ilícito favorecen el contrabando, de acuerdo con la firma consultora y Amcham.
Los investigadores también señalan cómo factores que inciden en la problemática los débiles controles en aduanas y que las autoridades subestiman el problema.
El año pasado, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, confirmó que luego de las reformas aprobadas en el 2012, el decomiso de cigarrillos ilegales aumentó.
En un operativo realizado el pasado 30 de setiembre por la Policía de Control Fiscal en ocho bodegas y cuatro viviendas en varias partes del país, se logró el decomiso de 40 millones de unidades de cigarrillos, valoradas en al menos $5 millones (¢2.795 millones), un vehículo, ¢60 millones en efectivo, un camión y documentación a la banda de tráfico ilegal de cigarrillos más grande del país.
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El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, reconoció que los esfuerzos estatales están enfocados en el consumo y en menor medida en el control del comercio ilícito.
