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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pretende que el Estado aporte ¢50.000 millones extra al año al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La propuesta es parte de un paquete de medidas de corto plazo anunciadas, este martes, como parte del proceso para fortalecer el principal fondo de pensiones de Costa Rica.
Los recursos estatales adicionales financiarían la pensión de jubilados que no cotizaron lo suficiente para obtener la el beneficio mínimo, actualmente en ¢129.500.
El aporte del Estado al IVM ascendió a ¢35.000 millones en el 2014, según datos de la CCSS.
Además, la institución analiza acelerar el ajuste en la cotización al régimen. Actualmente es de un 8,5%, pero sube en 0,5 puntos porcentuales cada cinco años y llegará al 10,5% en el 2035, tal como se acordó en la última reforma del 2005.
Otros cambios serían eliminar la pensión anticipada de 65 años cuando se cumplen 62 años, elevar el aporte de las ganancias de las empresas públicas al régimen y diversificar las inversiones de los recursos del sistema fuera del país y en proyectos de infraestructura de obra pública.
La combinación de todas estas medidas generarían un ingreso adicional anual al IVM de ¢130.000 millones, confirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, detalló que el objetivo es avalar los cambios de corto plazo en Junta Directiva, este mismo mes, sin negociar con los patronos, trabajadores y el Estado.
Los cambios en el régimen se promueven con base en el estudio actuarial interno de la Caja , los cuales son criticados fuertemente por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica. Actualmente tiene más de 224.000 pensionados, 1,4 millones de cotizantes y una reserva de ¢1,9 billones.
Atraso. Sáenz y Barrantes confirmaron que las reformas de fondo al sistema se atrasarán por dos años más, pues contratarán un nuevo estudio actuarial independiente, este mismo año.
La previsión es que el informe esté en mayo del 2016 y, a partir de ese momento, negociar con los patronos, trabajadores y el Estado los ajustes en edad de retiro, aportes y beneficios.
“Esperamos trabajar (en las reformas) con los sectores en el 2016 y tener acuerdos a partir del 2017”, aseguró Sáenz.
El atraso en la toma de decisiones de cambios en el IVM se genera porque la CCSS y la Supén rechazaron las conclusiones del estudio actuarial independiente , elaborado por el contratista argentino Eduardo Melinsky, por deficiencias técnicas.
“Se detectaron errores graves en el estudio que no permiten tomar como referencia el estudio de Melinsky para proponer cambios dolorosos en el IVM que afectarán el bolsillo de los costarricenses”, enfatizó Álvaro Ramos, jerarca de Supén.
La Caja y la Supén tardaron 8 años en ponerse de acuerdo en la condiciones de la contratación del informe independiente.
