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Un cobro de ¢6.800 millones tiene enfrentados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las empresas públicas.
La entidad autónoma reclama el pago millonario a seis compañías estatales, como parte del aporte de sus ganancias anuales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmaron a La Nación que no harán ninguna transferencia de dinero. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) decidió suspender sus pagos.
Además, los bancos estatales tienen demandada a la Caja por el cobro, afirmó Alberto Acuña, director financiero de la Gerencia de Pensiones de la Caja.
Acuña dijo que el monto adeudado, por las ganancias del 2013, asciende a ¢6.174 millones, más ¢600 millones de intereses acumulados.
Los recursos pendientes de pago de las compañías estatales equivalen al 5% del total de recursos por cobrar del IVM.
A final del año pasado, el monto ascendía a más de ¢136.000 millones, según los estados financieros de la CCSS.
La institución autónoma espera que las empresas estatales publiquen sus resultados del 2014 para iniciar el proceso de cobro en los próximos meses.
El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, promulgada en el 2000, dicta que las compañías públicas están obligadas a trasladar entre un 5% y un 15% de sus utilidades al fondo de pensiones de la Caja.
La primera transferencia de dinero se hizo el año anterior. En total, son 10 las entidades que deben remitir partes de sus ganancias; pero para la Caja, aún le adeudan recursos.
La CCSS calcula el aporte con base en la utilidad bruta de cada compañía. Sin embargo, las entidades argumentan que dicha estimación debe hacerse con base en la ganancia neta.
El año pasado, la institución autónoma recibió del ¢2.837 millones de los bancos Nacional, de Costa Rica, Bancrédito y Correos de Costa Rica, aunque había estimado percibir ¢9.000 millones.
El fin del dinero es fortalecer la cobertura de pensión de los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. La Caja estima que 204.279 personas se verían beneficiadas con la transferencia de utilidades.
Negativa. Según la institución autónoma, el INS y el ICE le deben más de ¢4.400 millones de las ganancias del 2013.
Sin embargo, las compañías argumentan que, tras la apertura en seguros y telecomunicaciones, quedó claro que las utilidades tienen como destino principal capitalizarlas para competir.
“No lo podemos hacer (el aporte). Estamos convencidos de que legalmente no tenemos la obligación. Tampoco podemos agarrar dinero para dárselo a un tercero, aunque sea la Caja, porque la ley nos dicta invertirlo en el patrimonio”, enfatizó Sergio Alfaro, presidente ejecutivo del INS.
Para Jesús Orozco, jefe de la División Financiera del ICE, a la entidad tampoco le aplica el traslado de recursos que dicta la Ley de Protección al Trabajador.
“La normativa (de fortalecimiento del ICE) es clara y concisa al indicar que nuestra institución debe capitalizar sus réditos para la ejecución de sus fines y objetivo”, aseguró Orozco.
Por su parte, Édgar Gutiérrez, gerente de Administración y Finanzas de Recope, confirmó que suspendieron los pagos a la Caja, mientras no se dicte, de manera definitiva, la metodología para establecer los aportes.
“A la divergencia del cálculo se suman los litigios pendientes contra la CCSS por parte de otras empresas públicas apelando el cobro”, dijo Gutiérrez. Añadió que está pendiente un pronunciamiento solicitado a la Procuraduría General de la República.
Sin fundamento. Por otra parte, la Sala IV rechazó, en setiembre anterior, la solicitud del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y Bancrédito de eliminar la obligación de trasladar parte de sus utilidades al IVM.
Las entidades argumentan que tal disposición las pone en desventaja frente a la banca privada y arriesga su estabilidad.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que los bancos estatales no acreditaron que trasladar el 15% de sus ganancias a la Caja ponga en peligro su suficiencia patrimonial y que queden en desventaja competitiva frente a las entidades privadas.
Los tres bancos estatales dieron ¢2.800 millones a la CCSS; pero para la institución, aún deben ¢1.175 millones.
“Para el BCR, el pago realizado a la Caja se apega a lo establecido en la ley. La CCSS presentó una gestión de cobro por una diferencia, pero proviene de una forma de cálculo que no es procedente”, afirmó Leonardo Acuña, subgerente del BCR.
Bernardo Alfaro, subgerente del Banco Nacional, afirmó que la posición jurídica de la entidad es hacer el pago sobre las utilidades netas. Así lo hicieron con las ganancias del 2013 y harán lo mismo con las del 2014, este año.
“Tan pronto se cuente con estados financieros auditados debidamente aprobados, se estará procediendo con la cancelación correspondiente al periodo 2014”, confirmó Alfaro.
