EscucharGerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presionaron, en los últimos meses, a los miembros de la Junta Directiva para invalidar el contrato del estudio actuarial independiente del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los mandos medios de la institución autónoma alegaron incumplimientos graves y serios del actuario argentino Eduardo Melinsky, a quien se contrató para realizar el análisis independiente del principal régimen de pensiones del país.
El informe final sobre el régimen , cuyos alcances fueron publicados por La Nación este lunes, generó polémica porque advierte sobre el riesgo de que la reserva del régimen de jubilaciones se agote a partir del 2023.
Además, el documento propone subir las cuotas requeridas para jubilarse por vejez y la cotización aportada por trabajadores, patronos y el Estado.
La Junta Directiva de la entidad aseguradora aún no han tomado una decisión de si acepta o rechaza las recomendaciones del análisis.
La Caja y la Superintendencia de Pensiones (Supén) descartaron este lunes, mediante un comunicado conjunto, referirse a los resultados del estudio , pues están en proceso de validación.
Ambas entidades contrataron el estudio independiente por un valor de $125.000, con el fin de zanjar la disputa sobre la sostenibilidad financiera del régimen.
Polémica. En la propia Caja, los cuestionamientos al estudio de Melinsky datan desde antes de que el actuario empezara el trabajo, cuando un grupo de dirigentes se organizó para combatir los resultados del análisis.
En enero, durante la sesión 8.760 de la Junta Directiva, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, informó sobre graves faltas de forma del contratista. Mencionó el no estar inscrito ante la seguridad social local y entregar reportes del estudio hasta con 61 días de retraso.
La Nación consultó, por escrito, a Barrantes sobre los incumplimientos denunciados la semana anterior y ayer se le llamó a su celular; pero no hubo respuesta.
Sobre el fondo del estudio actuarial, la institución autónoma aún no ha emitido ningún pronunciamiento público.
La Gerencia de Pensiones, dirigida por Gustavo Picado, también cuestionó a Melinsky por no estar inscrito en la Caja e incluso ordenó a la Dirección de Inspecciones que se revise el caso.
En la misma sesión de la Junta de enero, Jorge Arturo Hernández, auditor interno de la Caja, mencionó la posibilidad de imponerle multas a Melinsky o ejecutar el contrato por los incumplimientos que se le atribuían.
Al final de la discusión, María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, intervino para argumentar que el contrato no se había incumplido y que los directivos no se planteaban romperlo.
“El informe (de la Gerencia de Pensiones) que se trae a Junta es para conocimiento, no para toma de decisiones. En ningún momento hemos planteado que haya que romper el contrato. El contrato no se ha incumplido; está en el rango del cumplimiento”, detalló Sáenz, según consta en actas.
El tema de la inscripción de Melinsky ante la seguridad social fue aclarado por la Dirección Jurídica semanas atrás, cuando definió que el actuario argentino no debe estar inscrito pues no tiene arraigo ni se le considera un habitante del país.
Oposición. Representantes del sector empresarial y trabajadores rechazaron la posibilidad de incrementar el aporte al IVM.
Asimismo Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y Juan Carlos Durán, miembro del Comité de Vigilancia del IVM, cuestionaron la validez técnica del estudio.
Ambos propusieron contratar un nuevo estudio que sí tenga validez técnica para comenzar un diálogo nacional sobre la sostenibilidad del IVM.
“Todo indica que las dos instituciones (la Caja y Supén) van a rechazar el estudio de Melinsky y quedará descartado. El país ocupa un documento técnico que permita al Gobierno llamar a un diálogo nacional. El documento de Melinsky no tiene esas características”, advirtió Durán.
