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El Gobierno se opone a realizar una contribución extra anual al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que busca garantizar la pensión mínima de ¢130.000 para 80.500 jubilados.
La directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, el 1. ° de octubre del 2015, imponer una subvención adicional al Estado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se opuso a la propuesta de la entidad autónoma.
El despacho ministerial envió dos cartas a la Caja en las que rechaza hacer un aporte mayor, estimado en ¢54.000 millones al año, a este régimen .
En las misivas, del 10 de diciembre del 2015 y del 22 enero anterior, Hacienda criticó a los directivos de la CCSS por aprobar un subsidio estatal sin tomar en cuenta la situación fiscal del Gobierno. Además, pidió eliminar dicho aporte extra.
Helio Fallas, vicepresidente y ministro de Hacienda, aseguró que sería muy irresponsable agregar más déficit fiscal a las finanzas públicas.
“Esto será un asunto de todos los años, con lo cual la carga impuesta (al presupuesto) será permanente”, afirmó Fallas.
Además, calificó la imposición de la CCSS como injustificada y recordó que, en el 2014, el fondo de jubilaciones tuvo un superávit de ¢118.000 millones.
La Caja, administradora del IVM, subvenciona la jubilación de quienes tuvieron un aporte insuficiente para obtener la pensión mínima.
El acuerdo de la Directiva, de octubre anterior, fue parte de una serie de medidas de sostenibilidad del fondo de pensiones a corto plazo, mientras se hace el nuevo estudio actuarial al régimen .
El Gobierno contribuye al IVM como patrono y Estado. En el 2015, el aporte patronal ascendió a ¢27.848 millones y el estatal, a ¢49.897 millones, según los estados financieros del régimen de pensiones.
Ambas dependencias señalaron que el artículo 177 de la Constitución Política establece la posibilidad ala institución para crear las rentas suficientes al IVM.
“La Caja tiene la competencia exclusiva del seguro social y goza de la autonomía legal y del Gobierno para fijar las cuotas de la seguridad social”, explicó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones.
Añadió que es responsabilidad del Estado garantizar un mínimo de pensión a la población.
“El costo de la subvención para la pensión mínima se ha recargado en el sistema de pensiones, pero debería ser una función del Estado”, recalcó Barrantes.
Por su parte, Fallas dijo que la contribución al fondo de jubilaciones es tripartita, porque tiene los aportes de los patronos, trabajadores y el Estado.
No obstante, el jerarca enfatizó que la propuesta avalada por los directivos se recarga únicamente en el Estado.
“No vamos a cambiar nuestra posición debido a la situación del déficit fiscal (...). No tenemos identificadas las fuentes de financiamiento para esta nueva obligación, salvo que el Gobierno se endeude más”, dijo Fallas.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, expresó que la Junta Directiva analiza todas las observaciones hechas a los cambios propuestos, en octubre anterior, para tomar una decisión sobre las reformas de corto plazo que se impulsan.
