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Una amplia reforma a la regulación bursátil y financiera del país pretende allanar el camino para el financiamiento de infraestructura pública y privada.
Entre los cambios se proponen normas mínimas de acceso a la oferta pública de valores, tales como requisitos, características, condiciones y riesgos para los inversionistas y el mercado financiero y bursátil.
También permite al Instituto Nacional de Seguros (INS) actuar como administrador de fideicomisos de obra pública, medida que actualmente está vedada.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó estos y otros cambios, el pasado 10 de julio y actualmente están en consulta. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) recibirá, hasta el próximo 8 de agosto, las observaciones.
El ajuste implica reformas a tres reglamentos y crea otros tres nuevos. Además, deroga el instrumento que regula los fideicomisos de obra pública y se incorpora esa materia dentro de una nueva normativa sobre financiamiento de proyectos de infraestructura.
El financiamiento de obra pública, mediante la captación de recursos en el mercado local, prácticamente no pudo utilizarse desde que se reglamentó en el 2009. Los bancos Nacional y de Costa Rica tuvieron una cartera de proyectos que no llegaron a desarrollar.
Claridad. José Luis Arce, presidente del Conassif, explicó que los reglamentos buscan que recursos de ahorro e inversión sean usados para desarrollar de infraestructura.
“Los cambios van en la dirección de simplificar el financiamiento de proyectos públicos y privados, pero no significa permitir que se expongan a riesgos (los recursos) sin la adecuada gestión”, comentó Arce.
La normativa en consulta no regula el cómo debe estructurarse, ni a quién deben ofrecerse las emisiones de valores, detalló Carlos Arias, jerarca de Sugeval.
“Se busca un régimen de transparencia para generar y difundir información sobre los proyectos. El mercado deberá discriminar sobre la base de un análisis de riesgo y rendimiento”, enfatizó Arias.
Para Leonardo Acuña, subgerente general del Banco de Costa Rica, los cambios eliminan la posibilidad de hacer arrendamientos financieros de proyectos de obra, pues obliga a incorporar los activos y pasivos (deudas) en la contabilidad del fideicomiso.
“La principal diferencia de la propuesta, con la normativa vigente, es que en la actual solo se puede refinanciar proyectos que están construidos, mientras que el plan permite llevar al mercado de valores proyectos en cualquier etapa de desarrollo”, aseguró Acuña.
