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San José.
La reforma propuesta para fortalecer el fondo de jubilaciones del Poder Judicial mantiene abierto un portillo para la entrega de 3.040 pensiones de lujo a funcionarios de la institución.
Los proyectos de ley para equilibrar las finanzas del régimen, presentados por los magistrados y los empleados judiciales permiten, en un artículo transitorio, que quienes tengan 20 años o más de cotizar en el sistema mantengan sus condiciones actuales para retirarse.
Esto significa que este grupo de trabajadores, que representa el 23% de la planilla total de ese poder de la República, podrá obtener un beneficio equivalente al promedio de los últimos mejores 24 salarios y sin tope, cuando cumplan 30 años de cotizar en el sistema.
Es decir, conservarán por una década las condiciones actuales para retirarse.
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Sin embargo, desde 1993, la Sala Constitucional dictó que cuando se modifica un sistema de pensiones, las condiciones previas de jubilación se mantendrán por un plazo prudencial de 18 meses después de promulgada la nueva ley, con el objetivo de no afectar a quienes están prontos a retirarse.
Karol Monge, subdirectora de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, confirmó que las restricciones que impongan las reformas aprobadas no se aplicarían a quienes tengan 20 años o más de cotizar para el fondo.
"Todas aquellas personas que se encuentren cubiertas bajo una disposición transitoria que determine que se mantienen bajo las condiciones actuales del régimen a modificar, no les sería de aplicación la nueva legislación", afirmó la funcionaria.
En el Poder Judicial se aplica el sistema de salario base más pluses, entonces, a medida que el funcionario cumpla más años de laborar, su salario será mayor y este parámetro es vital para establecer el monto de la pensión.
Por ejemplo, hay un trabajador judicial con 44 años de cotizar al fondo de pensiones y obtendrían una jubilación mensual de ¢9,5 millones, según la información del estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El sistema de pensiones del Poder Judicial cerró el 2016 con una reserva de ¢426.639 millones. En dicho fondo cotizan 13.000 trabajadores así como los 3.673 jubilados.
El análisis preliminar de la UCR determinó que el régimen de pensiones tiene un déficit actuarial de ¢5,3 billones.
Impacto desconocido. El estudio actuarial elaborado por la UCR determinó que hay 1.700 hombres y 1.340 mujeres que tienen dos décadas de cotizar en el régimen de la Corte.
Ni los trabajadores ni los magistrados saben el efecto financiero de las propuestas sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva de la institución pública, comentó que el IICE elabora un informe sobre el impacto económico del beneficio.
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Los diputados que integran la Comisión Especial de Pensiones del Congreso, donde se discute la reforma a las jubilaciones de la Corte, esperan neutralizar los efectos negativos de las propuestas de reforma con un aporte adicional.
El socialcristiano Jhonny Leiva, quien dirige la comisión legislativa, aseguró que hay consenso para crear la cotización especial al régimen, mientras que no sobrepase el 55% del ingreso mensual del jubilado.
Para la liberacionista Sandra Piszk, es necesario aplicar el periodo transitorio de 18 meses, pues es necesaria una reforma legal integral y drástica debido a las dificultades que enfrenta el fondo de pensiones.
Sin embargo, los empleados judiciales defienden que se mantenga el transitorio a la ley que sea aprobada.
"Una persona que haya pasado tres cuartos de su vida laboral cotizando bajo unas condiciones, de las cuales asume será su jubilación, puede retirarse según lo esperado", afirmó Adriana Orocú, vocera del Frente de Gremios del Poder Judicial.
Esta organización aglutina a una veintena de sindicatos judiciales.
