La Universidad de Costa Rica (UCR) culpa a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de tomar decisiones que aceleraron el deterioro financiero del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En el nuevo estudio actuaria l al fondo, hecho por la Escuela de Matemáticas de la UCR, se denota que hubo reformas que elevaron beneficios de jubilación; pero no contaron un fundamento técnico del impacto.
A dichas modificaciones se le unió los efectos de la crisis económica del 2008 y el aumento de nuevos pensionados por vejez.
Los cambios generaron una rápida baja del monto de superávit generado por el IVM.
Una de las razones que disparó el gasto en pensiones fue la inclusión, en el 2005, del derecho de adelantar la pensión.
Asimismo, en el 2006 se derogó un artículo del Reglamento del IVM que prohibía anticipar el retiro si el monto del beneficio no superaba el monto mínimo de la pensión. El efecto fue un gasto adicional, solo para el 2010, de casi ¢3.000 millones.
La Caja decidió, el año pasado, eliminar el adelanto de pensión por al efecto financiero.
Adicionalmente, el informe detalla que la Directiva de la CCSS no varió el monto mínimo de contribución en ¢101.000 de los trabajadores independientes entre el 2006 y el 2010, lo cual redujo los ingresos al fondo.
Crítica. “La gestión actuarial debe fortalecerse para que haya más profesionalismo, para que las personas que estén realmente sean profesionales en ciencias actuariales”, argumentó Rodrigo Arias López, actuario de la UCR.
El especialista enfatizó que actualmente hay un riesgo moral en la Caja, pues los funcionarios encargados de los estudios internos al IVM son quienes determinan la gestión de riesgo.
“Esto podría ocultar lo que está sucediendo en el IVM, pues ellos son los mismos que hicieron los números”, dijo Arias López.
Asimismo criticó que actualmente el trabajo de análisis del fondo, por parte de la CCSS, no cumple con los estándares internacionales, principalmente en gestión de riesgos.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, dijo ayer que analizarán todas las recomendaciones de la UCR, incluidas las de fortalecer los estudios internos al IVM.
La jerarca omitió hablar de la posición de la entidad de negar el deterioro del régimen .
“Desde que llegué estamos detrás de este estudio. Del pasado no podría referirme”, afirmó.
En la última década, la CCSS rechazó las conclusiones de dos estudios independientes al IVM uno hecho por la empresa mexicana Nathal Actuarios, en el 2007, y el año pasado el contratado al actuario Eduardo Melisnky.
La UCR propuso pasar la edad de jubilación de 65 años a 70 años para dar sostenibilidad al régimen. También que la cotización obrero–patronal y del Estado se eleve de forma gradual del 9,16% actual a 26,4%.
El informe determinó que la reserva del régimen se agotaría en el 2030 si no se hacen reformas, es decir una década ante de lo previsto por la CCSS.
El IVM tiene 238.644 beneficiarios y alrededor de 1,4 millones de trabajadores cotizan para este régimen, el más importante del país. El régimen tienen una reserva de ¢2 billones.
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Negociación. La CCSS anunció el martes que iniciará un diálogo nacional en marzo del 2017 para reformar el IVM.
Sáenz dijo que el proceso de discusión con los sectores sociales, patronos y el Estado podría extenderse hasta por un periodo de ocho meses. En la cita se negociarán ajustes de mediano y largo plazo.
El presidente Luis Guillermo Solís dijo ayer que el país podría enfrentar una crisis en el IVM sino se toman medidas pronto.
Solís aseguró que este debate sobre el agotamiento de la reserva del régimen de pensiones es un “debate feo”, porque por un lado está la alternativa de trabajar más años y, por otro, la de elevar el porcentaje de la cotización. Colaboró Aarón Sequeira