EscucharEl estudio actuarial a las pensiones del Poder Judicial, elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR), propone un drástico recorte en los actuales beneficios de este régimen de jubilación.
Según el más reciente análisis del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, del pasado 22 de mayo, esta sería la única forma viable para dar sostenibilidad al sistema.
Además, evitaría que los contribuyentes, por medio del pago de impuestos, deban cargar con el déficit actuarial que arrastra el sistema de jubilaciones de los empleados judiciales, detalla el documento, del cual tiene copia La Nacion.
Los principales cambios planteados son elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años, así como subir la contribución al sistema por parte de los empleados judiciales y de los pensionados, del 11% al 15% del salario o beneficio que reciben.
El aporte patronal y estatal, de 14,36% y 1,24%, respectivamente, se mantiene sin modificación.
Estos cambios se plantean en el más reciente trabajo elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, que preparó una propuesta de reforma normativa del régimen.
En el informe, del pasado 22 de mayo, se establece un tope para las pensiones de lujo de 10 salarios base, es decir, ¢4 millones mensuales, según la estimación del estudio.
Este documento es el quinto de un total de seis que debe entregar la UCR. El sexto y final se enviará en las próximas semanas a la Corte.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que la institución ya recibió el más reciente documento del IICE.
"El contenido de este producto intermedio está en análisis por parte de autoridades judiciales por ello no es posible emitir un criterio", confirmó la entidad por escrito.
Más restricciones.
Otras de las medidas propuestas es la creación de una contribución solidaria del 50% sobre el tope de pensión máxima para quienes actualmente están retirados.
Por ejemplo, la exmagistrada Zarela Villanueva se jubiló con una pensión de ¢9.851.264 mensuales, el aporte solidario se impondría sobre el excedente a partir de ¢4 millones. Es decir sería de la mitad de los ¢5.851.264 restantes, en cuyo caso se ubicaría ¢2.925.632.
En el régimen de pensiones de la Corte hay 110 personas quienes el monto mensual supera el tope propuesto por la UCR.
Legalmente a estas personas no se les puede reducir su pensión, por eso se opta por la contribución solidaria. Este mecanismo ya se aplica en las pensiones del Magisterio Nacional y las jubilaciones de lujo financiadas vía Presupuesto Nacional.
A los jubilados también se les deduce la contribución al seguro de salud y el pago de impuesto sobre la renta, en los casos de pensiones altas.
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El estudio también plantea que los recursos de depósitos e intereses de los procesos judiciales abandonados se aporten, como un ingreso adicional, al régimen. Al 2015, dicho monto ascendía a ¢12.833 millones.
Adriana Orocú, del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, enfatizó que el estudio propone, por primera vez, un escenario positivo para el régimen y, sobre dicha base, negociarán con diputados en la Asamblea Legislativa.
"Deben mejorarse algunas cosas porque no todo el sacrificio debe estar del lado del trabajador", aseguró Orocú.
La funcionaria judicial recalcó que el estudio actuarial muestra que el fondo no está quebrado, solamente requiere ajustes.
La propuesta requiere de una reforma legal a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial en la cual se establecen los parámetros de jubilación de la Corte.
La valuación actuarial de la UCR realiza una proyección de los ingresos y gastos del fondo en un plazo de 75 años y luego trae a valor presente el superávit o déficit del régimen.
El fondo de pensiones del Poder Judicial reportó una reserva de ¢471.809 millones a abril anterior, según los estados financieros del régimen. Actualmente, tiene 3.725 pensionados y 12.819 trabajadores activos.
Efectos.
El penúltimo avance del estudio actuarial plantea a la Corte cuatro escenarios de reforma legal.
Sin embargo, la UCR recomienda aplicar solo dos –los más rigurosos–, pues en estos se logra el equilibrio futuro del régimen.
Estas son, precisamente, los que elevan la edad de retiro, imponen el tope, suben la cotización y establecen la contribución solidaria a los actuales jubilados.
"Bajo la premisa de que el Fondo debe garantizar por sí mismo los beneficios que promete (sin crear cargas adicionales al Gobierno o al resto de los trabajadores costarricenses), la propuesta del IICE al Poder Judicial consiste en escoger entre uno de los dos marcos normativos", argumenta el estudio.
De hecho, el informe detalla una reducción muy significativa del hueco actuarial del fondo de pensiones.
El IICE determinó, en un informe de marzo anterior, que el régimen del Poder Judicial tiene un déficit actuarial de ¢5,38 billones.
Con su plan de la UCR, el faltante de recursos se reduce a entre ¢0,14 billones y ¢0,31 billones.
Dicho resultado hace técnicamente solvente el régimen de pensiones, pues el déficit actuarial sería equivalente a menos del 5% de los beneficios futuros.
El planteamiento hecho por el IICE es el primero que consigue darle un equilibrio actuarial al régimen de la Corte.
Los proyectos legales presentados por la Corte Plena, los diputados, los trabajadores y la Superintendencia General de Pensiones (Supén) no consiguen dar sostenibilidad futura al sistema, sin trasladar parte del costo al Ministerio de Hacienda.
La iniciativa de Supén es, por ahora, la que lograba la solvencia pero con cargo a los contribuyentes.
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Este plan pretende trasladar a los 3.600 jubilados del fondo a las pensiones con cargo del Presupuesto Nacional por un costo de ¢1,3 billones.
Las propuesta de los magistrados, empleados y el texto sustitutivo de los diputados sí reducen el déficit actuarial a ¢4 billones; pero el régimen es aún insolvente, concluyó el IICE luego de estudiar dichos planes.
