La Dirección General de Aduanas obtuvo, en el primer cuatrimestre del 2018, una recaudación efectiva a favor del fisco por ¢783 millones, luego de concluir varias fiscalizaciones a distintas empresas importadoras.
Se trata de empresas de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, veterinarios, químicos, electrodomésticos y repuestos de vehículos, entre otros.
Entre las razones que motivaron estas fiscalizaciones se encuentran casos de subfacturación; declaración errónea de impuesto específico sobre el consumo de bebidas alcohólicas; importaciones sin contar con el Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes y Distribuidores o Vendedores de Bebidas Alcohólicas, o con dicho registro vencido, informó esta dependencia por medio de un comunicado de prensa.
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Para los casos de subfacturación, los órganos fiscalizadores de esa Dirección, determinaron que, en algunos de ellos, las facturas comerciales y los documentos de transporte utilizados para realizar las nacionalizaciones de las mercancías objeto de importación, presuntamente, habían sido alterados, acto que permitió declarar un valor de las mercancías menor al precio realmente pagado.
Al utilizar esta maniobra, el importador alteró el monto real de los tributos que debían pagarse.
Por otra parte, se logró comprobar que la declaración del impuesto específico sobre el consumo de bebidas alcohólicas, Ley N°. 7972, se realizó de manera errónea, pues se declaró una cantidad menor de mililitros y de volumen de alcohol, variables indispensables para el adecuado cálculo de dicho tributo.
Sin registro
Adicionalmente, la mayoría de las empresas investigadas realizó importaciones de bebidas alcohólicas sin contar con el Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes y Distribuidores o Vendedores de Bebidas Alcohólicas o bien, con dicho registro vencido, lo que genera incumplimiento a la Ley N°. 8707.
Para el caso de los productos farmacéuticos y veterinarios, las mercancías fueron declaradas como “medicamentos uso humano o veterinario”, cuando en realidad, de acuerdo con el estudio realizado, éstas no corresponden a medicamentos, sino en su mayoría, a algún tipo de “preparaciones” alimenticias enriquecidas, de belleza, insecticidas y desinfectantes que fueron declarados como tales, pero clasificados en un inciso incorrecto.
Respecto a los casos de electrodomésticos y de repuestos de vehículos las investigaciones se realizaron por problemas de subfacturación.
Al referirse a las consecuencias de estas actuaciones, Wilson Céspedes, director general de Aduanas, manifestó que además del pago que deben hacer los importadores por los montos sin cancelar, los auxiliares de la función pública aduanera que intervinieron en el desalmacenaje de dichas mercancías, deberán proceder al pago de las multas correspondientes, de conformidad con lo que establece la legislación aduanera vigente.
El Director informó también de que de las actuaciones fiscalizadoras más recientes, 20 fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales para que continúen la investigación en la sede penal y se castigue a los presuntos responsables por los delitos de falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de documento falso y defraudación fiscal aduanera.
“La recaudación de más de ¢783 millones de colones que ha realizado el Ministerio de Hacienda (…) junto con actuaciones incorrectas de auxiliares de la función pública, reiteran el compromiso de este Ministerio en seguir atacando la evasión fiscal desde todos sus frentes”, indicó Leonardo Salas, viceministro de ingresos.
Actualmente, hay nuevas investigaciones en curso, lo que permitirá que en los próximos meses, el Servicio Nacional de Aduanas continúe incrementando el monto recaudado por ajustes en el control posterior a los importadores.