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Gobernabilidad fiscal
Mesa de diálogo
La gobernabilidad fiscal se refiere al balance entre los deberes y derechos de los contribuyentes y las obligaciones del Estado de proveer servicios públicos.
La estructura estatal se conforma de 320 instituciones, las cuales, en su mayoría, son financiadas por el Gobierno Central.
Solo el 33% de los presupuestos públicos son aprobados por la Asamblea Legislativa. El resto los autoriza la Contraloría General de la República.
Hacer cumplir en forma estricta el principio de que en ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables.
Ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, para incluir varias instituciones autónomas que actualmente están excluidas de su regulación.
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda planteó la necesidad de revisar leyes que establecen destinos específicos para los recursos del Estado.
Tal posición fue expuesta ayer, en la segunda mesa de diálogo sobre la situación fiscal del país.
La entidad analizó el tema “Gobernabilidad fiscal”, en el marco del estudio del documento En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional , el cual contiene un inventario de ideas para afrontar el déficit, que para este año se estima en un 5% de la producción.
A la cita, en el Museo de los Niños, acudieron voceros de las cámaras empresariales, asesores fiscales, ciudadanos y académicos, quienes hicieron comentarios y formularon sugerencias.
Según Hacienda, actualmente hay más de 40 leyes que fijan destino específicos, aparte de los contenidos por la Constitución Política.
Entre los principales están el financiamiento con el 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación, así como el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta que debe darse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
“Llegamos a una situación en que hay gastos aprobados, por leyes y la Constitución, que casi duplican los ingresos probables del Gobierno”, explicó Édgar Ayales, ministro de Hacienda.
El jerarca enfatizó que la mayoría de estos egresos fueron creados sin contenido presupuestario y limitan la acción del Estado.
Para el próximo año, por ejemplo, el 57% de los gastos del Gobierno están ligados a una legislación, de acuerdo con Hacienda.
Mayra Calvo, directora de la Autoridad Presupuestaria, enfatizó que deben revisarse los destinos específicos para determinar cuáles pueden cumplirse.
La funcionaria señaló que para el 2014 solo podrán asignar el 7,2% del PIB a la educación, pese a que la Sala IV ordenó cumplir con el traslado de todos los recursos.
“Seguiremos incumpliendo (los destinos específicos) porque los recursos no alcanzan”, aseguró.
Para Renato Vargas, economista del Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales (Icefi), los gastos determinados por la ley introducen rigidez en el presupuesto y dificultan la gestión de resultados del Gobierno.
“La sociedad debe evaluar cuáles destinos específicos ya no responden al proyecto de nación y así presionar a los diputados en el Congreso para a hacer las modificaciones necesarias a las leyes”, enfatizó Vargas.
