EscucharLa cantidad de personas con dificultades para comer se incrementó en Costa Rica por la pandemia, como consecuencia del aumento del desempleo y de la pobreza generado por la crisis sanitaria. La situación podría agravarse por la alta inflación.
Entre el 2019 y 2021, el 16% de la población costarricense (810.800 personas) enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo la grave del 2,8%, o sea, 143.500 personas, reveló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio Panorama y respuestas para garantizar la seguridad alimentaria en la región, divulgado el lunes 12 de diciembre.
El informe señala que Costa Rica es el país de América Latina y el Caribe con el porcentaje más bajo de población en riesgo. Sin embargo, se registra un ascenso sostenido en el indicador durante los últimos años.
En el periodo entre el 2014 y 2016, la inseguridad alimentaria afectaba al 12,2% de la población. Pero, entre el 2017 y 2019, subió hasta el 14,5% lo cual implicaba 724.100 personas.
El informe destaca que la contracción económica del 4,4% en la producción nacional, en el 2020, así como que la tasa de desocupación ascendiera hasta el 24,4% y la de pobreza a 26,2% incidieron en el ascenso.
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Haití es el país de la región en el que la población enfrenta mayores dificultades de alimentación con el 83%, Guatemala, con el 53%; y Perú, con el 51%.
En contraste, con porcentajes similares a Costa Rica están Bahamas y Chile, con el 17%; y Uruguay, con el 23%, según el BID.
La inseguridad alimentaria se define como las dificultades para acceder regularmente a alimentos debido a la falta de recursos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
La moderada ocurre cuando la persona, por falta de recursos en los últimos 12 meses, tuvo dificultades para llevar una dieta saludable, su capacidad de acceder a alimentos es incierta y ocasionalmente se saltó una comida o se quedó sin alimentos.
En tanto, la inseguridad alimentaria grave es cuando la persona se quedó sin alimentos o estuvo todo el día sin comer varias veces durante el año.
Aún en riesgo
El informe del Banco advierte de que el fenómeno en Costa Rica puede acrecentarse en la actualidad por el alza en los precios y porque la respuesta política para atender el problema es la más baja. Solo se destinó el equivalente al 0,1% del producto interno bruto (PIB) a la atención de las poblaciones en riesgo.
“Las presiones inflacionarias internacionales y la dependencia de las importaciones para abastecer el consumo de ciertos alimentos básicos representan los principales riesgos para la seguridad alimentaria”, se destaca en el informe.
Adicionalmente, el BID criticó que Costa Rica es el país de la región que menos recursos ha destinado para contrarrestar la subida de los precios de los combustibles y de la alimentación. Además de que las medidas han tenido un bajo impacto fiscal como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, que limita el aumento del gasto público.
El organismo multilateral criticó que las medidas aplicadas consisten en decretos ejecutivos centrados en cambios normativos como congelar o reducir impuestos, o eliminar precios mínimos. Así como la aprobación de un subsidio para los hogares con ingresos más bajos.
Por ejemplo, se detalla que el Gobierno emitió, en agosto pasado, el decreto de un beneficio por inflación que consiste en ¢60.000 mensuales para 111.000 hogares en pobreza, por tres meses, y prorrogables para otros dos meses. La medida se calculó en un costo de $50 millones, es decir, 0,08% del PIB.
Además, se mencionó la ley que congeló el impuesto a los combustibles por un periodo de seis meses, cuyo costo se estimó en $22 millones.
En contraste, el informe señala países como El Salvador que, desde marzo anterior, implementó medidas por un coste estimado de $513,8 millones, 1,6% del PIB. En México, la inversión fiscal para contener la inflación será de $28.000 millones en el 2022, principalmente, en subsidios a las gasolinas y electricidad.
Para contrarrestar la coyuntura actual, el BID recomendó a los países medidas como realizar transferencias de efectivo a los hogares más pobres, reducción temporal de tarifas de importación e impuestos a alimentos básicos así como insumos agrícolas; promover la apertura al comercio internacional; y la diversificación de la producción local.
