Procuraduría evita pronunciarse ante diputados sobre datos sin anonimizar por ser potestad de la Prodhab

Vicenti compareció este miércoles por la tarde ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que realiza una investigación del caso. Señaló que si la Procuraduría se pronunciara sobre este caso, perdería su carácter consultivo y asumiría una condición de administración activa que no le está permitida.

“Al final de cuentas, la determinación de lo sensible o la afectación de cierta información, existe un órgano público que tiene esa competencia, que es la Prodhab (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes), nosotros podemos hacer interpretación sobre la base de los textos vigentes, pero en todo caso, el sistema jurídico otorga la competencia primaria a ese órgano”, indicó el funcionario.

El 26 de octubre pasado, la directora nacional de la Prodhab, Wendy Rivera Román, confirmó ante esta misma comisión legislativa que se mantiene vigente la medida cautelar contra el BCCR, que ordena suspender la solicitud de datos sin anonimizar de personas y empresas.

Vincenti explicó que la actuación de la Procuraduría en el caso se debe al dictamen emitido el 3 de julio pasado en respuesta a una consulta jurídica solicitada por Rocío Aguilar Montoya, directora de la Sugef. En la consulta se analizó el alcance de la competencia del BCCR y la información que debe proporcionarse dentro del marco legal del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Ante la consulta del legislador, Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sobre si en los datos que solicitaba el BCCR a las entidades financieras existían datos sensibles desde la interpretación de la ley, el Procurador respondió que no podía referirse a casos concretos por restricción legal.

Además que como entidad no pueden especificar si determinado dato está incluido o no, sino que solo son identificados (en el dictamen) de acuerdo a la ley.

Por lo tanto, en el dictamen se estableció qué datos han sido identificados por la Sala Constitucional y la legislación vigente como de acceso irrestricto y cuáles deben solicitarse por órganos con competencia legal.

Por su parte, la diputada Sofía Guillén, del partido Frente Amplio, aludió a las conclusiones del dictamen emitido por la Procuraduría y citó que la entidad señaló en el documento que la Sala Constitucional calificó los datos crediticios como datos personales de interés público y que no están protegidos por la excepción establecida en el Artículo 18 de la Ley del SEN, que enumera los datos que deben recopilarse solo con previo consentimiento expreso.

Una vez citadas las conclusiones, Guillén preguntó a Vicenti cuándo se puede hablar de datos sensibles, a lo que él respondió que el dictamen hace referencia a que, por ley, el tema crediticio, el comportamiento crediticio de las personas, es de carácter público “para los efectos de la solidez del sistema”.

Cuando Guillén le preguntó si no cabe utilizar la expresión “datos sensibles” al analizar la solicitud de datos que realizó el BCCR a la Sugef en esta investigación, el Procurador respondió: “no lo calificaría así”.

Por otro lado, ante la pregunta de la legisladora sobre si una institución que forma parte del SEN requiere datos con fines estadísticos a la Sugef, esta debe proporcionarlos en términos generales, Vicenti respondió: “en términos generales, sí”.

Vicenti señaló que la Sugef debe sujetarse a este dictamen para los futuros casos que enfrente. “Si a la Sugef se le está pidiendo un dato con las características de la competencia que tiene el Banco Central en materia estadística, vendría vinculado con este dictamen, sino es un dato que no tiene esas características no lo vincula porque no nos estamos refiriendo a eso”.

El funcionario concluyó explicando que el dictamen emitido sobre la consulta de la Sugef proporciona un marco de referencia.

Este miércoles también fue citado el gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Bernardo Alfaro Araya, quien se excusó de no asistir debido a que estaba atendiendo un tema interno que mantenía muy comprometida su agenda, a la vez que solicitó la reprogramación de su comparecencia, según indicó la presidenta de la Comisión, diputada Dinorah Barquero.

Alfaro fue denunciado penalmente por el BCCR por negarse a entregar los datos sin anonimizar solicitados.

El Banco Nacional enfrenta actualmente el faltante de ¢3.293 millones entre sus registros contables y el dinero que mantiene en custodia en sus bóvedas, razón por la que se desarrolla una investigación y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.