EscucharDe las 324 instituciones del sector público, solamente nueve tienen un plan de teletrabajo en ejecución, 17 se encuentran en proceso de elaborarlo y el resto no ha dado ningún para hacerlo.
La situación ocurre pese que dicha modalidad laboral se practica en el sector público desde el 2007. Además, en mayo de este año se aprobó el Decreto Ejecutivo 37.695 que regula esta forma de empleo y establece la obligatoriedad para las instituciones estatales de desarrollar programas de teletrabajo.
“Esto no nace a partir de la urgencia y la contingencia de la crisis vial. Pero con la situación que surge ( hundimiento en Circunvalación ), estamos exigiendo a las instituciones que sean más eficientes en el proceso de implementación del proyecto”, explicó Adrián Mora asesor legal del Gobierno Digital, entidad que preside la Comisión Nacional de Teletrabajo.
Mora explicó que se está trabajando para que las instituciones que ya están aplicando la medida aumenten el número de teletrabajadores. A su vez, tienen un plan de acción con actividades y capacitaciones, para las instituciones que nunca lo han tenido.
“El plazo para desarrollar todo un programa puede ser de cinco a seis meses, pero se está agilizando para que pueda hacerse en un mes”, agregó el funcionario.
El primer paso en cada institución es crear una comisión interna. Luego se convoca a las áreas donde se cree que se puede aplicar.
En marcha. Aunque el proceso de implementación del teletrabajo implica una serie de pasos comunes, su regulación es variable en cada institución. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial lo regulan por medio de un reglamento interno, mientras que el Banco Nacional lo hace con una política interna.
La jornada laboral desde la casa normalmente no supera los tres días por semana. “En la Contraloría por motivos de no generar desvinculación de los funcionarios con la institución, se recomienda que sea un máximo de tres días”, explicó Manuel Martínez, gerente de la División Gestión de Apoyo del ente contralor.
“Como característica importante es que los productos que generen estos puestos deben ser medibles y en los que se fijen metas y objetivos”, explicó Fernando Román, coordinador de la Comisión de Teletrabajo en la Asamblea.
Lissander Chacón, director de capital humano del Banco de Costa, agregó que deben ser puestos en los que el titular no requiera contactos personales frecuentes con sus superiores u otros empleados.
Las instituciones coinciden en que las mayores ventajas son el aumento de la productividad, la satisfacción de los empleados y la contribución al medio ambiente.
Por ejemplo, el Banco Nacional hizo un estudio que determinó que con el teletrabajo la huella de carbono de la institución se redujo en un 48%*. (Ver aclaración)
Francisco Arroyo integrante de la Comisión de Teletrabajo del Poder Judicial, resaltó que el principal reto para implementar estos programas es el desarrollo tecnológico. “Tenemos sistemas en los que el acceso remoto tiene sus dificultades”, añadió.
Actualmente instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal están iniciando el proceso para desarrollar un plan de teletrabajo.
Nota del Editor.
(*) Aclaración del 18/11/2013. Por solicitud del Banco Nacional, se aclara que el dato se refiere a un estudio con 11 empleados en el que se determinó que con el teletrabajo la huella de carbono individual se redujo en un 48%.
