La nueva norma se inscribe en un intento por combatir con mayor fuerza el narcotráfico y la delincuencia en Honduras. “La Ley de escuchas telefónicas la ratificaron la noche del jueves los 128 diputados de cinco partidos políticos”, expresó el presidente del Congreso, Juan Hernández.
“Mientras la tecnología esté en manos de los delincuentes, el Estado no tiene la capacidad para enfrentar el crimen”, agregó.
Las intervenciones abarcan todo tipo de comunicaciones, como mensajes, cartas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otras no determinadas de tipo físico o virtual.
La ley creó la Unidad de Intervención de las Comunicaciones como la entidad gubernamental para hacer la tarea, la que previamente debe ordenar un juez por solicitud de la Fiscalía. El plazo de cada intervención es de tres meses y puede extenderse a seis.
Los congresistas también aprobaron la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que estará adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el presidente de la República, Porfirio Lobo.
Las escuchas las realizará la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, dependencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que encabeza Lobo.
Algunos funcionarios no están de acuerdo con la nueva forma de combatir la delincuencia del país.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, calificó de lesiva la ley porque viola el derecho a la privacidad.
El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que cualquier forma de intervenir las comunicaciones privadas es un atentado a las libertades públicas.
Los diputados creen que la ley reducirá los niveles de la violencia desatados por el crimen organizado en el país, que en diez años ha matado a tiros a unas 36.000 personas en Honduras, lo que representa un promedio mensual de 286 víctimas, entre ellas 23 periodistas.