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El miércoles, los médicos del hospital de campo habilitado en el Parque Industrial de la Ciudad de Guatemala anunciaron que no tenían capacidad para admitir más pacientes, a causa del repunte de contagios de la covid-19. (ORLANDO ESTRADA/AFP)
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) rechazó la orden del presidente del país de celebrar misas virtuales, a causa estado del toque de calamidad que busca frenar el repunte de contagios de covid-19.
“Declaramos que el culto y la actividad religiosa constituyen un valor esencial de la vida del pueblo creyente de Guatemala. Es por tanto un servicio que se debe prestar como otros autorizados”, dijo la CEG en un comunicado, la noche del viernes.
La Iglesia guatemalteca pidió al Congreso modificar la disposición donde se “prohíbe la asistencia y participación masiva a actividades religiosas y de culto dentro de iglesias o al aire libre”.
Los curas prometieron que las actividades religiosas estarían reguladas “estrictamente por el aforo correspondiente según el semáforo epidemiológico vigente” del ministerio de Salud, donde rojo representa muchos contagios, naranja un nivel intermedio y verde pocos casos.
Hasta el viernes, Guatemala, de cerca de 17 millones de habitantes, sumaba 484.263 casos y 12.155 muertos por covid-19, en momentos que los contagios superan los 5.000 diarios.
El reciente tablero publicado este sábado y vigente por 14 días establece que 305 de los 340 municipios están en rojo, 21 en naranja y solo 14 en verde.
El jueves pasado, el presidente Alejandro Giammattei, anunció en un mensaje a la nación sobre el estado de calamidad, el cual regirá por un mes. La medida restringe varios derechos constitucionales, como la libre locomoción.
Además, limita las actividades religiosas, deportivas, artísticas y educativas, entre otras, las cuales deberán realizarse 100% en modalidad virtual.
El toque de queda regirá desde las 8 p. m. hasta las 4 a. m.
Ahora, el Congreso —controlado por el oficialismo y sus aliados— tendrá tres días para aprobar, rechazar o modificar el estado de calamidad.
El gobernante había decretado un estado de calamidad el pasado 13 de agosto, pero fue derogado por el Parlamento once días después.
