Dilema de la nacionalidad en Uruguay deja a extranjeros atrapados en un limbo legal

“Me siento una uruguaya de segunda, sin los mismos derechos que los ciudadanos naturales”, expresa en español con acento rioplatense esta mujer de 43 años a la esta agencia.

La legislación uruguaya diferencia entre ciudadanía “natural”, reservada para aquellos nacidos en el territorio nacional o descendientes de estos, y ciudadanía “legal”, a la cual pueden aspirar los extranjeros pero, según la interpretación actual, sin alcanzar la nacionalidad.

Más de 30.000 personas en Uruguay se ven afectadas por una “ciudadanía incompleta”, según la asociación civil Somos Todos Uruguayos, que ha denunciado la vulneración de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Para Saratbekova, este asunto es particularmente grave: al aceptar la ciudadanía legal uruguaya, tuvo que renunciar a la de Tayikistán, ya que este país no permite la doble nacionalidad excepto con Rusia. Y dado que Uruguay no la reconoce como ciudadana, se la considera apátrida.

“No se pueden imaginar las autoridades de Uruguay lo que es vivir en un limbo constante”, afirmó el 1 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, según documentos consultados por esta agencia.

‘El drama de los pasaportes’

“Uruguay nos considera de segunda clase”, lamentó el mismo día Arvand Azizeddin, quien no pudo abrir una cuenta bancaria en Uruguay a pesar de ser ciudadano legal uruguayo, ya que figuraba como nacional iraní.

El país sudamericano es uno de los pocos del mundo que no otorga la nacionalidad a los extranjeros que solicitan y cumplen con los requisitos para obtener la ciudadanía, señaló a esta agencia Leroy Gutiérrez, vocero de Somos Todos Uruguayos. Esto contradice en algunos casos los convenios internacionales firmados y ratificados por Uruguay.

“Todo el espectro político identifica que hay un problema, pero los dos proyectos de ley presentados en 2021 para buscar resolverlo aún no se han discutido”, lamenta Gutiérrez, un ciudadano legal uruguayo nacido en Venezuela.

Ante la CIDH, representantes del Estado uruguayo se comprometieron a “buscar soluciones concretas que puedan implementarse en un corto o mediano plazo”.

Fuentes de la Cancillería informaron a esta agencia que se está trabajando para resolver lo que muchos denominan “el drama de los pasaportes”.

‘Estómago apretado’

Desde 1994, los pasaportes uruguayos indican en el campo de nacionalidad el país de nacimiento del portador. Este cambio ha generado serios inconvenientes a partir de 2015, cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, dispuso la emisión de pasaportes electrónicos.

Con la lectura mecánica, la discrepancia entre el código de nacionalidad y el código del país emisor provoca alertas.

Por esta razón, ciudadanos legales uruguayos son interrogados por posesión de documentos falsos, se les impide abordar vuelos, o incluso son deportados al intentar ingresar a países que les exigen visas que no necesitarían si se les reconociera la nacionalidad uruguaya.

“Es no poder viajar nunca tranquila, siempre con temor, siempre con el estómago apretado”, lamenta en diálogo con esta agencia Ileana Martín, una ciudadana legal uruguaya nacida en Cuba.

Gulnor Saratbekova, perteneciente a la minoría étnica pamiri, muy perseguida en Tayikistán, teme salir de Uruguay y ser retenida en otro lugar, terminando deportada a su país natal.

“Mi pasaporte uruguayo no me da garantías de protección porque dice que soy de Tayikistán, pero Tayikistán no lo reconoce como válido. Si fuera deportada ahí con mucho gusto me llevarían presa”, asegura esta gerente en sostenibilidad en una compañía uruguaya.

Menores de edad discriminados

También se sienten discriminados los extranjeros que llegan a Uruguay siendo menores de edad, ya que solo están habilitados para iniciar el trámite de ciudadanía legal al cumplir los 18 años.

Para el hijo de Ileana Martín, Oscar Carsi, un atleta de alto rendimiento que emigró de Cuba siendo niño, esto significó no poder representar a Uruguay, el país en el que se crió y siente como propio, en un evento deportivo internacional cuando tenía 17 años.

“Me sentí triste”, relata a esta agencia el hoy estudiante de medicina de 22 años. “Y aún teniendo la ciudadanía legal uruguaya quizás no hubiera podido ir, porque no habría tenido la nacionalidad”.

Adriana Ovalle, de origen venezolano e integrante de Somos Todos Uruguayos, destaca otro aspecto que considera injusto.

“Para un adulto que busca la ciudadanía legal, tener un hijo a cargo es una ventaja que acorta los tiempos de espera de cinco a tres años. Pero el hijo menor de edad no se beneficia obteniendo la ciudadanía legal de sus padres”, explica.