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El canciller nicaragüense, Denis Moncada (segundo, izquierda), acudió al frente de la delegación gubernamental a una reunión con la oposición, el 6 de mayo del 2019 en las fueras de Managua. (INTI OCON/AFP)
Managua. El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega acusó este viernes a la oposición, con la cual dialoga para buscar una solución a la crisis, de ejercer un “terrorismo golpista” y de no tener la capacidad para promover un entendimiento.
El gobierno espera que “vuelva la cordura y cese de una vez por todas, la infeliz locura de una contraparte que solo sabe de terrorismo golpista y que no tiene la estatura o la calidad necesarias para propiciar entendimiento”, dijo la delegación del gobierno en un comunicado, en alusión a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD, opositora).
El reclamo se produce en momentos en que el gobierno intensifica la presión sobre el bloque opositor para que solicite el fin de las sanciones internacionales aplicadas sobre Nicaragua y allegados a Ortega en respuesta a la represión de las manifestaciones antigubernamentales y la negativa a avanzar en la democratización del país.
El gobierno y la oposición intentan reanudar el diálogo que iniciaron el 27 de febrero y que concluyó el 3 de abril con acuerdos parciales. En ese entonces, el ejecutivo se comprometió a liberar a todas las personas detenidas durante las protestas antigubernamentales en un plazo de 90 días que vence el 18 de junio, y a restituir las libertades públicas.
La Alianza acusa al gobierno de incumplir con los acuerdos al prohibir las protestas, persistir con las detenciones ilegales y negarse a liberar a cientos de opositores presos.
Insiste además en que los 236 opositores excarcelados por el gobierno desde febrero permanecen en un régimen de casa por cárcel con juicios pendientes, contrario a lo acordado.
El gobierno amenazó con buscar otros interlocutores para dialogar, ante la negativa de la ACJD de apoyar el cese de las sanciones internacionales que fueron aplicadas al gobierno de Ortega, tras la represión a las protestas del año pasado que dejó 325 muertos, cientos de detenidos y más de 62.000 exiliados.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y su hijo Laureano, así como contra cinco allegados al presidente acusados de corrupción y violación de derechos humanos.
Washington también aplicó la ley denominada Nica Act, que frena la concesión de préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua.
En las conversaciones, las partes no lograron acuerdos sobre temas clave para resolver la crisis como la democratización del país, que incluye la propuesta opositora de adelantar los comicios del 2021.
