El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este viernes que pagará el otro lunes un ajuste salarial correspondiente a un incentivo de zonaje. Sin embargo, ese plus solo lo recibirán 25.000 funcionarios y no los 51.000 que se había acordado con los sindicatos educativos del país.
El pasado mes, el Ministerio subió de 30.000 a 51.000 la cifra de funcionarios beneficiados luego de un acuerdo con sindicatos de la entidad, tras renogociarse la convención colectiva de los trabajadores.
El ajuste implicaba que el pago se ampliaría del 30% al 60% de la planilla de la entidad que es la más grande del país: 85.000 empleados. Este sobresueldo de zonaje se entrega mensualmente a quienes laboran en centros educativos con “condiciones insalubres, inseguras y/o riesgosas”.
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Su cálculo se definió en abril, en conjunto con los representantes gremiales. Según aquel pacto, el depósito estaba previsto de forma retroactiva a mayo y la previsión desde entonces era pagarlo en la segunda quincena de diciembre, cuando el MEP tenía previsto desembolsar ¢22.000 millones, confirmó entonces la viceministra administrativa, Sofía Ramírez.
Esto no ocurrirá como estaba previsto.
El MEP informó este viernes de que sí pagará el plus pero solo destinará ¢4.990 millones para una grupo de casi 25.000 personas pues adujo que la Procuraduría General de la República emitió el 14 de diciembre un pronunciamiento en cuanto a una restricción vigente en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Púbicas para la creación de nuevos incentivos, compensaciones o pluses salariales en el sector público.
Puede leer el pronunciamiento completo de la Procuraduría General de la República en el siguiente enlace.
En su comunicado, el MEP afirma que la Procuraduría consideró que la modificación de un plus salarial preexistente para incluir a otros beneficiarios quienes no estaban originalmente contemplados riñe con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Hasta este viernes, se suponía que el pago se extendería a los funcionarios técnicos y administrativos de escuelas y colegios que funcionen en “condiciones insalubres, inseguras y/o riesgosas”.
El Ministerio, en su comunicado, adujo que debido al criterio de la Procuraduría su abocó a “emprender una revisión exhaustiva del personal destacado en zonas de bajo y muy bajo desarrollo social que estarían legalmente facultados para recibir el pago, tal como se contempló en la III Convención Colectiva”.