UCR deberá pagar millonaria indemnización a estudiantes que reclaman ‘cadena de engaños’

Peterkin, quien tiene 29 años en la actualidad, afirma que la UCR incurrió en una ‘cadena de engaños’ al abrir matrícula para una carrera que no tenía convenios con universidades internacionales para la ejecución de procesos de práctica y certificación, no tenía los equipos de simulación necesarios y no tenía el marco legal para la formación de marinos.

Ante esa situación, Peterkin y otros seis jóvenes demandaron a la UCR en el Tribunal Contencioso Administrativo y, después de un proceso legal de cinco años, consiguieron una indemnización de ¢10 millones para cada uno por daño moral, el pago de entre 12 y 24 salarios por las remuneraciones dejadas de percibir y el reintegro de los gastos por concepto de matrícula, créditos y otros desembolsados durante su periodo de estudios.

“Nosotros ingresamos a esta carrera de buena fe, como prueba aportamos nuestros expedientes académicos y todos cumplimos con los requisitos necesarios para graduarnos”, expresó Peterkin.

Las indemnizaciones relacionadas con salarios no recibidos oscilan entre $36.000 y $72.000 por cada uno de los estudiantes. Sin embargo, el 29 de febrero, Carlos Lanzas, abogado de los jóvenes, presentó una gestión de adición y aclaración en el que pide reconsiderar ese aspecto, ya que consideran que los afectados tienen más de dos años esperando por su titulación.

Lanzas declaró que si les dan la razón en este punto, las reparaciones económicas para cada estudiante podrían crecer hasta $200.000.

Una prueba del desorden con el que la UCR abrió esta carrera y convocó a los estudiantes para formarse en ella es que hasta el 2018 se aprobó la ley 9.418, en la cual se aprueba la adhesión de Costa Rica al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar de 1978, pues sin esa incorporación era imposible graduar ingenieros en Marina Civil.

Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, manifestó que son respetuosos de lo dictado por los jueces y cumplirán con lo dispuesto en la sentencia.

Agregó que es importante que, desde 2021, la UCR se enfocó en consolidar la carrera al ofertar un curso de prácticas profesionales de embarque, se logró la homologación temporal otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la certificación internacional ISO-9001-2015 para garantizar la calidad del plan académico y se elaboró una estrategia para remediar los problemas de graduación de los estudiantes, entre otras medidas.

“Se hizo un rediseño curricular de la carrera en julio de 2023 y el Consejo Nacional de Rectores, en noviembre de 2023, dio el dictamen favorable para el reingreso de los estudiantes, eso nos tiene muy complacidos, porque en este ciclo lectivo del 2024 se logró la reapertura de la carrera”, explicó Gutiérrez.

También señaló que se está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la incorporación de Costa Rica a la lista blanca.

Sin poder trabajar en Marina Civil

Peterkin relató que pese a que seis estudiantes de su generación ya lograron graduarse como ingenieros en Marina Civil, no han logrado trabajar en embarcaciones porque Costa Rica no pertenece a la ‘lista blanca’ de países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La ‘lista blanca’ enumera a los países que han cumplido por completo con el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar de 1978.

“Le puedo decir que ninguna de las personas de mi generación que logró graduarse ha conseguido trabajo en lo que estudiaron”, comentó el joven, quien años atrás decidió iniciar estudios en administración de empresas en el Tecnológico de Costa Rica.

No obstante, mantiene su interés de graduarse en Marina Civil porque “hemos dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a esto”. En su caso, aún tiene pendiente un periodo de práctica en una embarcación, proceso que debe hacer fuera del país.

Las primeras alertas de que algo andaba mal con la carrera que matricularon llegaron en 2017, cuando, según Peterkin, enfrentaron problemas para realizar su segundo periodo de práctica. En ese año, recordó, regresaron de un periodo de embarque internacional y notaron que la UCR no lograba inscribirlos para obtener nuevas certificaciones, lo cual los hizo sospechar.

Luego, descubrieron que no era cierto que la UCR mantenía un convenio con una universidad española para conseguir una “doble titulación”. Desde ahí empezó un calvario que incluyó protestas públicas, audiencias con diputados para presionar por una solución y una lucha con la casa de estudios que se mantiene hasta hoy.

“La Universidad no cumplió con su parte, nos hicieron promesas de que existían convenios internacionales y que tendríamos una doble titulación, pero nada de eso era cierto”, concluyó el estudiante.