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En un intento por restringir operaciones de la transnacional Uber, el Ministerio de Economía ordenó a empresarios locales interrumpir promociones ligadas a esa plataforma de transporte declarada ilegal por el Gobierno. De otro modo, les abriría procedimientos sancionatorios.
Las advertencias fueron notificadas la mañana de este jueves a un grupo de establecimientos, entre los que hay restaurantes, centros de relajación y hoteles.
A todos ellos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) les ordenó presentar en un plazo de tres días hábiles una declaración jurada que hiciera constar la suspensión de cualquier promoción con Uber.
De lo contrario, añadió el MEIC, se exponen a la apertura de un procedimiento en la Comisión Nacional del Consumidor, que podría implicar la imposición de multas de entre 10 a 40 veces el salario base (actualmente es de ¢426.200).
"Transcurrido el plazo, sin que el agente económico envíe la evidencia del cumplimiento (declaración jurada), se presumirá que el comerciante no ha enmendado la información en tiempo y dará lugar a tramitar la respectiva denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor", precisa la notificación oficial que recibió Gustavo Araya, director ejecutivo del hotel Wyndham San José Herradura.
Araya compartió el documento del MEIC desde su cuenta de Twitter, mediante la cual expresó su molestia.
"En un Estado de derecho quienes determinan la legalidad o no de las cosas son las leyes y/o los juzgados. No existe una sola resolución que determine la ilegalidad de Uber. El voto de la Sala solo habla de la Ley 8995 (que creo el servicio especial estable de taxi)", indicó Araya.
Consultado vía teléfonica, el empresario aseguró que no teme a las amenazas del MEIC porque cree en el Estado de derecho, por eso dijo, habrá más promociones con Uber.
"Es una lástima que pierdan el tiempo con esto. Vinieron dos funcionarios con un chofer del MEIC. ¿Cuánto le costo eso al Estado en plena crisis fiscal", dijo.
Como Araya, otros empresarios recibieron notificaciones similares luego de una publicación el 11 de agosto en el blog oficial de Uber con motivo del Día de la Madre. La publicación alertaba de ofertas especiales en restaurantes, hoteles y spa.
El viceministro del MEIC, Carlos Mora, explicó que las acciones de esa entidad se sustentan en la directriz presidencial emitida el 9 de agosto, en la cual se ordena a ellos y a los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Seguridad, acciones por la declaratoria de ilegalidad de Uber.
En el caso del MEIC, agregó, la actuación es contra la publicidad y promociones en donde se incluye una empresa con operaciones ilegales.
Adriana Sánchez, otra empresaria notificada y dueña de un restaurante expresó: "Esta mañana fuimos víctima de bullying y del lugar menos esperado: el Estado".
Sánchez explicó que, hace algunos días, un representante de Uber les ofreció un acuerdo de palabra sin que mediara intercambio de dinero para una promoción conjunta. El acuerdo consistía en darle a los clientes del resturante una regalía el Día de la Madre si habían ido a este usando Uber.
Uber, a cambio, publicaría en sus redes sociales la lista de negocios que estarían ofreciendo estas regalías, con lo cual promocionaría la asistencia de personas a estos locales.
Sánchez se declaró "oficialmente amenazada por el Gobierno de Costa Rica".
"Es una amenaza: es una acción aleccionadora de parte de un Estado que quiere controlar todo, pero no tiene capacidad ni siquiera para recaudar impuestos. Un Estado que pretende aleccionarme a mí, como representante legal de una empresa, al darme tres días hábiles para presentarles una declaración jurada notariada en la que le prometo a papá Estado no volver a jugar con Uber nunca más", manifestó Sánchez.
La empresaria insistió en que su compañía ni rompe la ley, ni tiene porqué ser "chivo expiatorio de un Estado lento y añejo" que, según ella, no se ha adaptado al cambio y "creen que todavía usamos Power Point en nuestras reuniones de equipo".
"Yo lamento profundamente que mi empresa se encuentre en medio de este ridículo, pero lo que más lamento es que sigamos teniendo un remedo de legislación en todo lo que se refiere al espacio digital: que la protección de datos de la ciudadanía sea de mentiras. Que no se penalice la pornovenganza. Que sigamos pensando que vivimos en 1990 y que los tiempos no cambian", recalcó.
Federico Lizano, dueño de otro restaurante en San José, también narró lo ocurrido.
"Llegaron esta mañana antes de abrir, me dijeron que eran del MEIC. Ahí fue cuando me preguntaron si había hecho promociones con Uber y les conté que habíamos preparado un descuento en mi restaurante. Fue entonces cuando me dieron la notificación", señaló.
Lizano calificó de absurdo que el Gobierno intente decirle cómo debe manejar su negocio.
"Más que mi enojo, que es absoluto, me siento completamente intimidado y de una manera muy pasiva y oficial. Por terceros, ahora me vienen a decir qué puedo y qué no puede promocionar como negocio. Fatal", se lamentó el empresario.
Los nombres de los locales comerciales no fueron divulgados a petición de sus propietarios, por temor a represalias.
El viceministro Mora reconoció que hay más empresas notificadas, pero aseguró que aún no tiene autorización legal para publicar cuáles son.
