BID le pone fecha al MOPT para concluir carretera a San Carlos

Ese es el plazo fijado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el contrato de préstamo para construir la carretera cuyo monto se estimó en $335 millones.

De acuerdo con el cronograma de la unidad ejecutora del MOPT, la obra podría estar concluida en enero del 2028, pero, se añade un año más para la fase de mantenimiento. Ese cronograma lo entregó a la Asociación Pro Carretera y a diputados el ingeniero Mario Campos, quien está a cargo de la unidad ejecutora.

Sin embargo, para cumplir con los plazos indicados, el Gobierno enfrenta desafíos considerables, como la necesidad de completar en menos de un año los carteles de licitación, superar objeciones a los pliegos de condiciones, resolver posibles apelaciones y gestionar los complejos procesos de expropiación pendientes, entre otros.

Solo en los tramos central y la punta sur, al MOPT le faltan 138 expropiaciones.

En respuesta a las críticas sobre lo escueto del cronograma de trabajo, Campos alegó que, dentro del proceso, se desarrollarán programas más detallados con “cientos de líneas constructivas”, abarcando desde el descuaje de árboles hasta la colocación de la última señal.

Según el plan del MOPT, en el segundo trimestre de este año (entre abril y junio) se debería iniciar del proceso de contratación para las obras de iluminación y otros detalles de la punta norte, la única sección de la carretera que se terminó desde hace siete años.

Además, se espera que antes de que finalice el 2024 salgan a concurso tres licitaciones adicionales para la punta sur, el tramo central y la sección Sucre-La Abundancia del proyecto de la ruta 700, que quedó suspendida el año pasado debido a problemas con la empresa a cargo de las obras.

Si los plazos del Gobierno se cumplieran, en un año deberían concluir los procesos para elaborar carteles de licitación, publicar condiciones, seleccionar empresas y resolver las apelaciones. Si fuera así, el banderazo para iniciar las obras se daría en el segundo semestre de 2025.

Para la punta sur, el MOPT estima un plazo de diseño y construcción de 20 meses, previendo su finalización en enero de 2027.En el caso de la sección Sucre-La Abundancia, se contempla un plazo similar, aunque existen dudas sobre su cumplimiento debido a problemas administrativos con la empresa anteriormente encargada.

En cuanto al tramo central, que incluye la reconstrucción de nueve puentes mayores y la estabilización de más de 30 taludes, se proyecta su habilitación en enero de 2028, a pesar de que en repetidas ocasiones el jerarca del MOPT, Luis Amador, ha indicado que el proyecto estaría listo en 2027. Empero, el mandato de esta administración concluirá el 8 de mayo del 2026.

El 16 de agosto del 2023, en su informe de los primeros 100 días de gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió entregar la vía antes de terminar su administración: “Concluiremos la autopista a San Carlos”, dijo. Incluso, luego habló del plan como si lo fuera a entregar en esta administración al decir que habrá cobro de peaje “y le vamos a poner un buen precio”.

Dudas y pendientes

Especialistas en construcción y partes interesadas expresan serias dudas sobre la factibilidad de cumplir con estos plazos, dado el conjunto de desafíos técnicos y administrativos aún no resueltos.

Rolando Vega Beirute, ingeniero geotecnista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), destacó las dificultades técnicas pendientes, como la falla del puente sobre el río Laguna, que deberá ser demolido para dar paso a una nueva estructura.

Además, señaló la falta de claridad sobre el cartel de licitación para la supervisión de la obra y la necesidad de preparar y depurar los pliegos para las cuatro secciones, enfrentándose a posibles etapas recursivas.

José Manuel Sáenz Scaglietti, presidente del comité de infraestructura y obras mayores de la Cámara Costarricense de la Construcción, también cuestionó la falta de personal técnico en el proyecto y la incertidumbre sobre la precalificación de empresas para agilizar la etapa de contratación.

Según su evaluación, todo el proceso de contratación, desde la elaboración de carteles hasta la resolución de apelaciones, podría llevar al menos año y medio.

Sáenz agregó que la decisión de dejar en manos del contratista la definición del trazado en tramos con problemas geotécnicos, podría además implicar nuevas expropiaciones y más atrasos.

Adicionalmente, recordó que la nueva Ley de Contratación Administrativa exige tener expropiado todo el corredor para realizar la contratación, y en la punta sur aún queda al menos la mitad de los terrenos por tramitar.

Ambos expertos consideran poco probable que la carretera esté finalizada antes de 2030.

Para los habitantes de San Carlos, los plazos prometidos por el MOPT resultan una ilusión.

Rafael Solís Lizano, presidente de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, criticó la falta de una hoja de ruta con una planificación adecuada y gestión del proyecto.

Además, dijo, durante la reunión con la unidad ejecutora se les indicó que ese ente estaba ya conformado por 15 ingenieros y no solo uno como se había criticado anteriormente, pero, a la fecha, no se les ha respondido la consulta sobre los miembros que conforman ese grupo técnico.

Solís recordó que el año pasado el ministro y el presidente Rodrigo Chaves prometieron que para el primer trimestre de este año habría cuatro licitaciones y que en agosto estarían “rompiendo tierra”, lo cual fue imposible de lograr.

“La ejecución, la información técnica y el avance del proyecto no van con el discurso del gobierno. Nos están viendo la cara, no han dado plazos definidos, nosotros desearíamos que de verdad este gobierno terminara el proyecto y que los fondos alcancen, pero, si siguen cometiendo los errores del pasado no les va a dar la plata. Sentimos que el Gobierno no está haciendo lo suficiente”, agregó.

Los habitantes de San Carlos llevan 54 años esperando la materialización del proyecto de la nueva carretera.

En 2005 se iniciaron por primera vez las obras mediante un financiamiento del Gobierno de Taiwán. Sin embargo, la constructora de ese país a la que se encargó el trabajo se retiró del proyecto en el 2008 tras la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país.

Posteriormente, los trabajos se le contrataron a la constructora Sánchez Carvajal. En el 2018, el entonces jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, rompió el contrato debido a múltiples atrasos. La carretera quedó con un 60% de avance tras $184 millones consumidos. Desde entonces, todo se encuentra detenido y sin recibir mantenimiento.

Adicionalmente, el proyecto se encareció pues la nueva estimación del MOPT es que la obra, que inicialmente se había estimado en $200 millones, ahora costaría $335 millones.