La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) solicitó a la Asamblea Legislativa limitar el número de renovaciones que se otorgan a las empresas autobuseras para dar el servicio en determinadas rutas. Además, instó a que se mantenga la licitación pública como el mecanismo por el cual se otorguen tales autorizaciones.
Su petición es que estas consideraciones sean tomadas en cuenta en la discusión de la reforma a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, N°3503. Esa modificación se tramita en el expediente legislativo 22.520.
De esta forma, la Comisión pretende que se llenen los vacíos de la normativa que actualmente carece de un límite de renovaciones para la misma concesión, lo que en su criterio es perjudicial porque fomenta “la perpetuidad y exclusividad en la prestación de este servicio impidiendo la entrada de nuevas empresas que podrían prestar mejores servicios y ofrecer menores tarifas”.
Estas condiciones, afirmó, lesionan el principio constitucional que prohíbe expresamente los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio. Además, añadió, también afecta a los usuarios.
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También manifestó preocupación porque el proyecto parece eliminar de la ley la exigencia de que la concesión se otorgue mediante licitación pública, procedimiento que permite la mayor participación de empresas. Al respecto, el presidente de Coprocom, Guillermo Rojas, señaló que es necesario abrir espacios a la competencia.
“Una concesión no deja de ser un monopolio temporal, y si bien puede ser necesario por las circunstancias del mercado, es indispensable que en el proceso de adjudicación se presente una verdadera competencia por el mercado, único lapso de tiempo en el que esta puede presentarse, ya que durante el período que se mantenga la concesión, la empresa adjudicada mantendrá blindadas sus ganancias.
“De allí la necesidad de extremar las condiciones que favorezcan el funcionamiento de la competencia en las licitaciones, ofreciendo la posibilidad a otras empresas de ofrecer servicios más competitivos para los consumidores, en esa competencia por el mercado”, declaró Rojas.
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Para la Comisión, es determinante incentivar la libre concurrencia al otorgar las concesiones, con el fin de permitir la participación de nuevos agentes económicos que muestren interés en concursar y que reúnan los requisitos técnicos exigidos por el Estado.
“Concurso público al que evidentemente, tendrán derecho de participar, los anteriores y actuales concesionarios de las líneas contempladas en la licitación, en igualdad de condiciones con los nuevos y potenciales oferentes”, agregó.
Plazo de concesiones
El proyecto de ley 22.520 también propone extender a 15 años el plazo de las concesiones, como respuesta al incremento en costos que podría ocasionar el cambio parcial de la flotilla de autobuses por unidades eléctricas.
Sin embargo, la Coprocom advirtió de que la propuesta no incluye suficiente información que permita justificar la extensión de dicho plazo, aparte de que “nuevamente se establecen renovaciones que privilegian a las empresas establecidas”.
“De allí que se considera que el cambio a flotilla eléctrica, aunque sea gradual, es una buena oportunidad para que se realicen los procedimientos de licitación pública que permitan a otras empresas competir por el mercado, y al ente regulador obtener las ventajas que la competencia entre empresas pueda generar en el servicio público”, indicó la Comisión.
Finalmente, consideró indispensable que la reforma de ley no contravenga sus potestades en materia de evaluación del servicio de autobuses, ya que la Comisión es el ente técnico especializado que se encuentra facultado para identificar si una concentración genera riesgos al proceso competencia y libre concurrencia, en razón de sus posibles efectos en el mercado.
El pasado 1.° de octubre debían comenzar a regir nuevos contratos de concesión de 227 empresas autobuseras pero como no estuvieron listos, el Consejo de Transporte Público (CTP) tuvo que autorizar –una vez más– la operación mediante la figura de permisionarios.
Dicho título se da tanto a las compañías que completaron el proceso para avanzar en la renovación como a aquellas que no cumplieron los requisitos. La razón de aplicar la medida para todos por igual es simple: no se puede dejar a los usuarios sin servicio de un día para otro.
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